Pedro Casas, colaborador de Lokarri

Dice el refrán que “dos no riñen si uno no quiere”. Podríamos aplicar esta filosofía popular a la situación, que ya se prolonga demasiado tiempo, de que “dos no acuerdan si uno no quiere”. Realmente esto ha sido así en las ocasiones anteriores, y no está muy claro que la situación esté cambiando hacia un proceso de paz duradero.

Entre las circunstancias que dificultan el avance hacia un acuerdo podríamos citar:

- El no reconocimiento de la “contra-parte” en el acuerdo.
- La minusvaloración del adversario, o la sobrevaloración propia.
- El peso del sufrimiento pasado, y el temor a defraudar el sacrificio realizado.
- La desmedida ambición que no permite conformarse con los términos de un posible acuerdo.

Para superar estas dificultades, tanto objetivas como subjetivas (en estos procesos a veces las subjetivas tienen más peso que las otras), y que se encuentran presentes en la mesa de negociación, lo aconsejable es mirar adelante y ser capaces de valorar los beneficios futuros que podrán compensar las hipotéticas pérdidas de un posible acuerdo.

El gobierno central parece crecido en su ofensiva, en la que no repara en detalles, ni en consecuencias, ni en los daños colaterales que su proceder pueda tener (o a lo mejor todo esto está bien calculado). Y en estas circunstancias es fácil interpretar esta actuación como provocación, con el riesgo de desencadenar reacciones de imprevisibles consecuencias.

Frente a este escenario delicado, hay que saludar las tentativas por buscar una alternativa política alejada de la violencia y vulneración de los derechos humanos, y que esperemos se abra camino a pesar de las minas que está encontrando a su paso.

No estamos precisamente en el mejor momento para un entendimiento entre las partes, lo que parece abocarnos a un nuevo período de incertidumbre y prolongación del sufrimiento. Por ello hace falta un nuevo protagonismo de otros agentes que puedan contribuir al clima favorable de un necesario proceso de paz, que ayude a superar las desconfianzas y ponga el punto de mira hacia el futuro.

Santiago Eraso

Los seres humanos renunciamos a parte de nuestra libertad para conseguir mayor seguridad. El control del uso atemperado de la violencia que el Estado ejerce para garantizar nuestros derechos y deberes es una cuestión central del ethos democrático. Tanto es así que, para que un régimen político pueda considerase democrático, las prerrogativas que concedemos al Estado para el ejercicio de la fuerza, siempre deben pasar por el estricto cumplimiento de la ley, porque su justa aplicación impide cualquier deriva autoritaria y modera las formas de coerción.

El equilibrio entre la utilización de la violencia legítima que ejerce el Estado y el respeto a todos los derechos de los ciudadanos es el pilar fundamental por el que se demuestra la verdadera esencia democrática de cualquier sistema político.

Biopoder es un concepto acuñado por Michel Foucault para referirse a un conjunto de tecnologías de dominación y control de la población que los Estados modernos aplican para la regulación y normativización de sus ciudadanos. En su libro Vigilar y castigar, el filósofo francés analiza las relaciones entre el poder y las personas y nos muestra como el Estado pretende convertir la vida humana en objeto administrable en todos los ámbitos donde la ley pueda ser aplicada.

Con anterioridad, el sociólogo norteamericano Erving Goffman, en su libro Internados, ya había desarrollado el concepto “institución total”, término acuñado para describir las condiciones de vida en las cárceles, psiquiátricos, internados escolares y otros espacios de reclusión. En la actualidad, por extensión del significado, también se emplea para describir centros de internamiento para extranjeros, centros de acogida para niños o menores y otras variantes más imprecisas, pero igual de reguladoras de la vida de algunas personas. Del mismo modo, otras medidas coercitivas como la ampliación del tiempo de estancia en comisaría, malos tratos físicos y psicológicos están siendo motivo de análisis y denuncia de diferentes organismos internacionales, vinculados a los Derechos Humanos.

Más allá de estas tecnologías de internamiento, otros sutiles mecanismos de invasión y vigilancia permiten que el biopoder alcance los rincones más privados de nuestra vida personal. Estamos entrando en sociedades de control, que ya no funcionan tan sólo mediante el encierro sino ejerciendo una vigilancia continua y una comunicación instantánea. Siempre y en todo lugar, estamos cada vez más “protegidos” y, por tanto, en nombre de nuestra seguridad, somos conminados a ceder al Estado nuestra libertad. Asistimos impávidos a que las zonas de sombras que rodean la democracia se extiendan a los umbrales de nuestros cuerpos. Vivimos cada vez más expuestos, sin que nuestra capacidad de reacción permita poner en cuestión la autoridad sobrevenida que actúa por encima y, demasiadas veces, por debajo de la ley.

En su trilogía “Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida”, Giorgio Agamben intenta demostrar que toda la historia jurídica de occidente constituye un intento de gestionar la vida humana, reduciéndola a nuda vida. La mayor y última consecuencia de considerar al hombre como mera vida, es que ésta puede ser aniquilada sin que el delito entre en la esfera de lo punible. Los campos de concentración de exterminio serían el paradigma de esta impunidad. Esta circunstancia límite somete a una dura prueba todos los referentes éticos válidos hasta el momento. El filósofo italiano intenta mostrar que los remedios humanistas -Declaración de Derechos Humanos, Declaraciones Internacionales por la Paz, etc.- son impotentes ante el extremo gesto de la biopolítica, y que sólo encarando ésta como realidad mundial, como cumplimiento paradójico de la promesa del desarrollo social y político de occidente, puede plantearse resistencia a cualquier deriva autoritaria.

Igor Mera

Cuando, hace varias semanas, recibí la invitación de Lokarri para participar en la construcción colectiva de esta blog tenía muy claro cuál era la reflexión que quería trasladar. Cómo militante, de izquierdas e independentista, quería transmitir el tedio que me provoca el omnipresente conflicto, el bloqueo que éste supone para muchos de los debates nucleares para las izquierdas de este país y el hartazgo que me producen la casi totalidad de las posiciones y opciones políticas entre las que se supone hemos de elegir. Sin embargo, y por desgracia, actualidad manda y en estos momentos resultaría del todo fuera de lugar no prestar atención a los dos hechos trágicos que estos días y horas ocupan nuestra atención: la desaparición y posterior muerte de Jon Anza en circunstancias bastante turbias y la muerte en tiroteo en el día de ayer del gendarme Jean-Serge Nérin. Ambos hechos nos sitúan de frente ante la crudeza del conflicto que vivimos en este país. De la misma manera nos sirven para poner de manifiesto las posiciones que el conjunto de los actores mantienen ante el conflicto.

La aparición del cuerpo de Jon Anza y las reacciones observadas en los responsables políticos del PSOE (desde el ministro Rubalcaba hasta el consejero Ares) nos dejan muy a las claras la miopía con que esta gente mira la cuestión de la democracia y los derechos humanos. Desde el nerviosismo inicial que se podía ver tanto en las redes sociales cómo en las declaraciones a medios, hasta el anuncio hecho por Rubalcaba de que se van a interponer denuncias contra toda aquella persona que hay apuntado en la dirección de que las Fuerzas de Seguridad del Estado Español hayan tenido algo que ver en ello nos dejan ante dos únicas alternativas de pensamiento:

1. De verdad el Estado ha tenido algo que ver en la muerte de Anza, y el PSOE conocedor de ello está tratando de taparlo por todos los medios.

2. Su estrategia de deslegitimación de la violencia es de todo menos inteligente.

En un estado democrático al uso una noticia de este alcance provocaría la emisión por parte de sus representantes políticos de un mensaje claro y taxativo en la línea de que los hechos se esclarecerán, llegándose a sus últimas consecuencias. Más aún, en el caso español y del partido socialista este mensaje debiera ser aún más nítido tras su vergonzoso y criminal pasado. Personalmente confio muy poco en la calidad de la democracia española y de los dos partidos que la sustentan, la misma confianza que me transmiten tanto las fuerzas de seguridad y el sistema jurídico español. En lo que tengo más confianza es en la inteligencia de los Ares y Rubalcaba y no precisamente a la hora de deslegitimar la violencia, sino a la hora de utilizar ese concepto para reforzar la posición política unionista en nuestro país. Leer toda la entrada

Maialen Lizarralde, Lokarri

Ayer jueves 25 de marzo, una delegación de Lokarri viajó a Madrid con las 2.896 firmas pidiendo la puesta en libertad de los líderes de Ezker Abertzalea, para depositarlas en la Audiencia Nacional y el Gobierno español, así como para entregar una carta a Arnaldo Otegi informando de la campaña.

Después de cuatro horas de carretera llegamos a la Audiencia Nacional donde nos esperaban colaboradores madrileños de Lokarri. Entregamos las peticiones en el Juzgado de Instrucción nº 5, por suerte sin tener que dar demasiadas explicaciones, y con el papel sellado nos dirigimos hacia La Moncloa. También salimos del registro con la petición sellada, y previa parada para comer, nos desplazamos al centro penitenciario de Navalcarnero donde se encuentra preso Arnaldo Otegi. La intención era entregarle una carta informándole de la campaña, pero las autoridades no aceptaron recibirla y nos informaron de que sólo se entregan cartas a través de Correos.

Con las tres etapas realizadas, dimos por cumplido el compromiso con las 2.896 personas que suscribieron la petición de libertad para los líderes de Ezker Abertzalea, por el que exigimos el respeto a las libertades democráticas básicas y el cese de obstáculos para que puedan desarrollar su estrategia en igualdad de condiciones. El momento en el que nos encontramos exige que así sea para avanzar hacia un escenario constructivo donde la paz sea posible.

Juanjo Alvarez, Catedrático de Derecho  (UPV)

En un Estado de Derecho no sería necesario comenzar explicando que criticar una sentencia no supone apoyar empáticamente al condenado ni a sus ideas políticas. En un País no tan contaminado políticamente como éste no habría necesidad de explicar que el rotundo rechazo a ETA, a su totalitarismo terrorista y a su sinrazón no impide construir crítica política sobre los abusos y los agravios que desde el propio Estado de Derecho se cometen. Pero parece una premisa necesaria para que gane en credibilidad democrática una reflexión acerca de la Sentencia de la Audiencia Nacional por la que se condena  a Arnaldo Otegui como responsable de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Desde una perspectiva de análisis técnico-jurídico provoca  sensaciones de perplejidad y de inquietud. Bajo el señuelo del Estado de Derecho, bajo el formalismo del papel judicial, la sentencia enjuicia políticamente y se recrea en una retórica dialéctica orientada hacia la ironía y el cinismo, cuando no a la mofa del acusado, como cuando afirma que añade a la pena privativa de libertad de dos años la privación definitiva (en realidad limitada a 16 años, obsérvese la contradicción) de todos los “honores”.

La deslegitimación del terrorismo no puede venir de la mano de sentencias que incorporan más ocurrencias que fundamentos jurídicos. Los jueces deben hablar con la ley y aplicando la ley. El Boletín Oficial del Estado publicó hace escasos meses el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo. Este Tratado internacional, que prevalece sobre las leyes internas españolas, nos recuerda que todas las medidas tomadas para prevenir o reprimir los delitos terroristas deben respetar los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular debe respetar la libertad de expresión.

El Convenio marca una línea muy clara (la misma que, por cierto, sí se ha tenido en cuenta por los tribunales españoles en relación al terrorismo de origen Yihadista) en el terreno de la libertad de expresión, y señala que solo es perseguible la provocación pública para cometer delitos terroristas, es decir, la difusión de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos terroristas.

Frente a esta orientación, respetuosa y equilibrada entre la seguridad y la libertad, la sentencia de la Audiencia Nacional, atendiendo a lo que califica como su “sagrado deber” de juzgar, fija la condena en el  máximo previsto en el Código Penal para el hecho enjuiciado, y ésta se anticipa en la propia sentencia antes incluso de empezar a motivarla, advirtiéndole al acusado que podrá ser recurrida “ante instancias muy superiores”. ¿Por qué y para qué este gratuito e innecesario desafío y recordatorio de otros previos litigios que han acabado en Estrasburgo?

La expresión secuenciada de los hechos enjuiciados, realizada narrativamente de forma novelesca (“Y llegó el día del tan anunciado homenaje”, nos dice), reproduce un entrecomillado que responde a la realidad a la traducción de lo afirmado en euskera por el acusado, y constituye el único fundamento de la condena, al “perpetrar” señala, el delito de enaltecimiento, condena basada en la libre interpretación y sentido de unas palabras de Otegui que ni ensalzan ni incitan al terrorismo, tal y como expresamente afirmó el acusado en el juicio oral, negando tal objetivo y apelando a  una “negociación pacífica, política y democrática”.

Se califica de impropia, estrambótica  y “manifiestamente falsa” la alusión comparativa realizada por Otegui en relación a Nelson Mandela (al que la sentencia ensalza, mitificando su figura, y omitiendo realidades históricas acreditadas que parece desconocer o no querer recordar). Su valoración acerca de la calificación como presos políticos, o el tratamiento que la sentencia otorga a los objetivos independentistas provocan el rechazo incluso en quien no secunda esta opción política, porque denosta y casi desprecia el papel de Otegui, al recordarle como “destacado líder en estas lides”; le recuerda (algo inaudito) que “ya le ha costado asumir otras sentencias condenatorias”, y le recuerda, como si se tratase de un medio de comunicación y no de un juzgado, las causas que tiene pendientes, “por delitos relacionados con el terrorismo”. Cabe preguntarse por qué y para qué este exceso dialéctico en la sentencia, tan provocador como estéril y que olvida el objetivo único que debe presidir la actuación judicial: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

IME

A veces echo un vistazo a todo lo que rodea a este gran esfuerzo por un nuevo proceso de paz, y a pesar de los datos esperanzadores que nos suceden, no puedo evitar dejar de ser pesimista, pesimista por la terrible desproporción que hay entre lo conseguido hasta hoy y lo que queda por conseguir. No se habrá conseguido nada si antes no se consigue cambiar la mentadidad de la sociedad en la que vivimos.  Me explico.

Como salmantino de nacimiento y descendiente de familia navarra, me considero con capacidad suficiente como para analizar de primera mano las grandes diferencias que existen de percibir la realidad en uno y otro lado del Ebro, ambas partes del estado son como el alfa y el omega, como el blanco y el negro, y el hecho de que todo el aparato del estado, tanto a nivel político como periodístico controle de lleno uno de esos dos lados me preocupa. La sociedad vasca sin lugar a dudas tiene sus imperfecciones y aspectos a mejorar, pero en la sociedad española en sí, cuanto más en esta España profunda de la meseta que me ha tocado vivir, existe una percepción de la realidad que choca frontalmente con los principios básicos sobre los que se sujeta este nuevo proceso de paz que deseamos, se confunden términos, el etnocentrismo que se respira es brutal, no existe tolerancia a la diversidad y es el propio aparato del estado del que hablaba antes quien da fuelle a ese pensamiento, desde el Rey, al presidente del gobierno, pasando por sus distintos ministros y demás instituciones. Lo que opine la sociedad vasca siempre será deleznable e intolerable siempre que sea una opinión diametralmente opuesta a la del otro lado de la orilla ¿por qué?

La sociedad española debe ser democratizada, no es normal que mi familia tras treinta años viviendo aquí celebre que un presunto de “algo” sea torturado, antes no pensaban así, ¿quién les ha contaminado? no es normal que esa postura sea la mayoritaria aquí, en esta sociedad en la que vivo, no existe el nacionalismo español, los nacionalistas son los demás, hablan de unidad e igualdad cuando quieren decir uniformidad y homogeneidad (todos somos iguales mientras todos los demás seais como yo), hablan de integrar las demás culturas en España cuando se refieren a la más clara descripción de etnocidio, para ellos, imponer el catalán es excluir, imponer el español como lengua única es “normalizar”, para ellos no existe el conflicto vasco, solo existen cuatro asesinos que un día decidieron existir como ETA porque odiaban a España y son muy malos, para ellos no existen naciones en españa, solo existe la nación española, en fín, como diría el poema de Eduardo Galeano, ellos hacen arte, los demás artesanía, ellos hablan idiomas, los demás dialectos, ellos tienen cultura, los demás folklore, y así hasta un largo etcétera. Y por supuesto, y al hilo del primer ejemplo, aquí lo único que vale es la unidad de España, lo demás es herejía. Leer toda la entrada

Juan Carlos Latxaga, periodista

No esperaba ninguna reacción extraordinaria de la llamada izquierda abertzale oficial a la muerte de un policía francés en un tiroteo con ETA, así que no me incluyo en el grupo de los decepcionados, ni en el de los que creen que dicha izquierda abertzale ha perdido la oportunidad de condenar el atentado y, por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol y el proceso de paz vuelve a quedarse en un simple catálogo de buenas intenciones. Es éste un planteamiento tan elemental que se cae por su propio peso. No me esperaba ninguna reacción extraordinaria y mucho menos una condena. Hace mucho tiempo que dejé de creer en milagros o en cambios de rumbo prodigiosos que suceden de la noche a la mañana. Para encontrar esas historias mejor releer a Carpentier en “El siglo de las luces” o, si se quiere cercanía temporal, acudir a la hemeroteca para conocer las andanzas de políticos de nuestro tiempo como ese Eladio Fernández capaz de acostarse como número dos del PSOE de Orense y despertar convertido en militante convencido del PP. Para caídas del caballo, las que se producen en el Camino de Santiago y no las que ocurren camino de Damasco.

Nadie condena a los suyos, como muy bien nos acaba de recordar el Papa pidiendo a los fieles católicos la condena de la pederastia pero la indulgencia con los pedófilos de sotana. ¡Qué sensibilidad con los delincuentes propios y qué dureza con los ajenos, como los y las abortistas a quienes se amenaza con la excomunión!

Las propias circunstancias de la muerte Jean-Serge Nérin, podían hacer sospechar que desde la izquierda abertzale se iba a hacer hincapié en la diferencia entre lo accidental y lo planificado, entre, digamos, la mala suerte y el atentado estudiado y preparado de antemano, como así ha ocurrido. Lo que en términos éticos y humanos solo es merecedor de la más rotunda e inequívoca de las condenas, puede y hasta a lo mejor debe ser matizado en términos políticos. Efectivamente, lo de París no fue un atentado, entendido como tal la acción armada planificada y diseñada para producir un efecto ‘político’. Lo que ocurre es que, como siempre, los portavoces de la izquierda abertzale han pasado de puntillas por la primera parte (la muerte de un ser humano se traduce por “los graves hechos de París”, como si de un desastre natural se tratara) y ha hecho hincapié en la segunda, instando, eso sí, a ETA a que “se ratifique en su posición favorable al desarrollo de un proceso democrático”.

Esta calculadísima reacción oficial contrasta sobremanera con el discurso descarnado que sostienen Otegi y otros líderes en la intimidad violada de los locutorios de las cárceles. Una intimidad violada que a fuerza de serlo, hace tiempo que ha dejado de ser intimidad para convertirse en escaparate en el que los interlocutores exponen las líneas maestras de su pensamiento a sabiendas de que más pronto que tarde se podrán leer en los periódicos de mayor tirada. Ya puestos, los filtradores podrían facilitar los audios a las emisoras de radio para que la ciudadanía pudiera captar los matices y las inflexiones de voz. Se trataría de un paso adelante en materia de comunicación.

Pero es precisamente este contraste entre lo que se decía en el comunicado oficial de la izquierda abertzale y lo que se sostiene en el cara a cara, el que anima a mantener encendida la llama de la esperanza. Incluso por encima del último y anacrónico comunicado de ETA, pleno de palabrería hueca y vacío de compromiso alguno, tiene que haber un resquicio para la esperanza, aunque solo sea porque la evidencia se acabará imponiendo al fanatismo.

El final de ETA y de la historia de la violencia política en Euskadi será un proceso largo y difuso que a mi entender ya estamos recorriendo a pequeños pasos y no siempre en línea recta. Nadie en sus cabales puede pensar en un escenario en el que una buena mañana nos hagan saber que por fin han comprendido su error y que lo dejan. Al contrario hará falta mucha paciencia todavía antes de que termine de ocurrir lo que todos esperamos que acabe ocurriendo. Ni ETA, ni la izquierda abertzale hablan con una sola voz, aunque de la impresión de que los medios y los ministerios ponen los micrófonos solo ante algunas bocas para amplificar determinados mensajes. No es ésta una historia de buenos y malos, de duros y blandos. Si fuera así de simple, la solución sería mucho más sencilla.

Pero el final ya es solo una mera cuestión de tiempo. El problema para la izquierda abertzale ahora es determinar cuánto le queda. Hace mucho que ha empezado la cuenta atrás; en su mano está elegir en qué condiciones quieren llegar al pitido final. Mientras tanto, volvamos a los clásicos y preguntemos con Ciceron, quousque tandem abutere patientia nostra?

José Luis Salgado, periodista

Es evidente que la sociedad vasca ha cambiado como de la noche al día desde aquellos oscuros años 70 del siglo pasado en los que se desarrolló ETA como un movimiento anticapitalista y de liberación nacional. En aquellos años, vivamos en un mundo bipolar y en las democracias occidentales se gestaron grupos que tomaron las armas contra el capitalismo, como los Baader-Meinhof en Alemania o las Brigadas Rojas en Italia. Aquí en Euskadi, aún bajo el yugo franquista, este movimiento se definió más como independentista que como anticapitalista, más al estilo del IRA irlandés.

Ese mundo ya ha desaparecido, los equilibrios de poder en el planeta han cambiado radicalmente, la economía se ha globalizado, Internet hace que la información sea accesible e inmediata para una gran parte de la población mundial. Y la sociedad vasca no ha sido ajena a esos cambios de modelo y de pensamiento. Y en relación al fenómeno del terrorismo, se ha ido pasando de la aceptación de un primer momento, al desprecio e incluso, y lo que es más grave en mi opinión, a la más absoluta indiferencia.

Los repetidos fracasos de lograr una paz dialogada en Euskadi han dejado a ETA como un raro espécimen en el panorama político europeo. La indiferencia de la sociedad vasca han permitido al Estado implementar herramientas legales de carácter extraordinario para aislar aún más a los que continúan apostando por una vía que hace mucho tiempo que dejó de tener las más mínima posibilidad de cambiar las cosas. Si bien parece que en los últimos meses se están dando pasos para que la política sustituya a la armas definitivamente, el desenlace aún no está muy claro. Faltan actitudes claras y contundentes que rechacen una vía ya obsoleta y que lo único que puede aportar a nuestra sociedad es más muerte y más dolor, perpetuando el círculo vicioso del odio.

La sociedad vasca quiere la paz y parece que ya le es indiferente que el fin de ETA llegue por vías policiales y judiciales, en lugar de en una negociación para la cual ya queda muy poco margen. Si bien en los últimos comunicados de ETA se habla de superar el conflicto y de compromisos con la democracia, se sigue transmitiendo la imagen de una Euskalherria unidimensional e idealizada, donde solamente tienen cabida los principios por los que han luchado durante tantos años.

Mientras esa parte de la sociedad vasca que continua apoyando, o por lo menos justificando, a ETA no acepte que la realidad vasca es plural, que la mayoría de navarros y de los ciudadanos de Iparralde no quieren formar parte de esa Euskalherria mítica que defienden, la salida democrática al conflicto va a ser imposible.

Da la sensación que el abandono de las armas y la apuesta por vías políticas realistas es percibida por ETA como un fracaso después de tantas décadas de lucha. Pero debería ser el principio de una nueva vía, una oportunidad de oro para agrupar a todo el independentismo vasco para lograr avances con la fuerza de la razón y no de las armas. Esta apuesta por la democracia permitiría superar la vieja visión del conflicto limitado a un tira y afloja Madrid-Euskadi. El bacalao ahora se corta en Bruselas y, como no, en Washington, ámbitos a los que es imposible acudir con una pistola en el cinto. Aquí solo vale el respaldo de la ciudadanía en forma de votos.

En definitiva, los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones, nuevas vías que superen los conflictos estancados que ya no pueden ir más allá de donde han llegado a día de hoy. Creo que es el momento crucial en que la que tiene que hablar es la sociedad. Ya basta de que todos hablen en su nombre, y mucho menos que maten en su nombre. Que de una vez se nos pregunte a los vascos que es lo que queremos, cual es el modelo que deseamos desarrollar y que se actúe en consecuencia. Nuestro futuro lo tenemos que definir como sociedad madura que somos. No queremos paternalismos ni tutelas. Queremos una sociedad democrática, una sociedad en la que nosotros seamos los que llevamos las riendas. Y, por encima de todo, queremos la PAZ.

Reproducimos el contenido del comunicado hecho público hoy por Brian Currin:

Condeno incondicionalmente el asesinato ilegítimo de un policía francés inocente que cumplía con su deber de mantener la ley y el orden en la ciudad de Dammarie-les-Lys cometido por miembros de ETA. La violencia en cualquier forma, independientemente de quien la comete, no traerá la resolución del conflicto vasco.

Estoy esperanzado por la petición de la Izquierda Abertzale dirigida a ETA para que ratifique el apoyo a los medios no violentos y exclusivamente democráticos, como figura en su declaración política “Zutik Euskal Herria”. Mi petición a ETA es que vaya un paso más allá y declare un alto el fuego inmediato e incondicional. Si ETA hiciera eso sería responsabilidad del Gobierno español liderar el camino con medidas que fomenten la confianza, para crear un escenario en el que un proceso de paz pueda tener éxito.

Iñigo Herce, periodista

El único elemento con capacidad de transformar realmente el enquistado panorama político vasco es el abandono unilateral e incondicional de la actividad terrorista de ETA. Ni los debates en el seno de la izquierda abertzale que no condena la violencia, ni los documentos resultantes de esos debates anunciando la asunción futura de los principios democráticos son, por sí sólos, suficientes a estas alturas de la película. Ha sido la propia ETA, y quienes desde el ámbito político han unido su suerte a ella, quien durante muchos años ha tejido una madeja que ahora resulta imposible de deshacer. Han construido su propio laberinto del que muchos quieren escapar urgentemente, antes de que sea demasiado tarde.

La soledad con la que han tenido que hacer frente a la presentación en sociedad del documento Zutik Euskal Herria es reveladora. Tan sólo un partido y algunas voces, más a título personal que formal, han tomado con interés y han dado por buenos los postulados que en él se recogen. El resto, ha mirado con escepticismo, desconfianza, desinterés o incredulidad. Fiel reflejo de una sociedad hastiada de anuncios de procesos que luego malogran los de siempre.

Los responsables de la izquierda abertzale no han sido conscientes del cambio que ha vivido la sociedad vasca para con el denominado conflicto. Un cambio del que la propia izquierda abertzale, con los dos procesos de paz abortados en la última década, ha sido agente activo. No hace falta ser un avezado observador para medir la ilusión que generó, por imprevisto, el proceso de Lizarra, o el interés y la expectativa que surgieron tras Anoeta en el proceso labrado mano a mano con el PSE-EE y Zapatero y al que luego se sumó el PNV. Esta vez, el efecto pretendido por la izquierda abertzale con su debate y posterior documento ha tenido un efecto similar al de quien ha construido una habitación insonorizada y luego pretende hacer oír su voz más allá del habitáculo. Puedes gritar todo lo que quieras, pero no sirve de mucho.

El resultante de todo ese cambio silencioso es una sociedad que sólo espera ya el día en el que un portavoz autorizado anuncie el fin a tantos años de muerte, destrucción y dolor inútil. Sin más. El resto –el cambio político– , si tiene que ser, será. Y si no, no será. Pero nadie se rasgará las vestiduras ni en un caso ni en el otro. Eso sí: el nivel de exigencia con todo lo referido a los derechos humanos tiene ya un umbral que muy pocos están dispuestos a rebajar. La sociedad vasca no funciona con ETA en su sistema operativo. En el día a día, se ha hecho real el escenario “post-ETA”.

Nadie, o muy pocos, admiten ya salidas ventajistas. No se acepta un proceso en metamorfosis, que empiece de una manera y devenga en otra muy distinta para acabar siendo algo que no estaba en el guión. Si alguien espera todavía que el árbitro mire para otro lado en el minuto noventa para no pitar un fuera de fuego clamoroso y poder marcar así un gol por la escuadra, está equivocado. El Estado –léase PSOE, PP más todos los poderes que lo integran—se siente seguro y ganador, y sólo podrá aceptar ofrecer alguna contrapartida menor –en ningún caso del calado político que estuvo a punto de fraguarse en Loyola—cuando tenga la cabeza de ETA en una bandeja. Los partidos vascos, la mayoría, no están dispuestos a enredarse en un proceso para salvar la vida a una izquierda abertzale que, si consigue ser rehabilitada, aspirará a recuperar su propio espacio político.

A la izquierda abertzale sólo le queda un camino: o convence a ETA, o corta definitivamente la soga que les ata a la piedra que les hunde hasta el fondo. Como lo segundo es harto improbable –el acto trágico de matar al padre no suele ocurrir muchas veces en la historia–, sólo queda la opción de hacer ver a ETA lo positivo de esta salida. O, más que lo positivo, la probable desaparición paulatina del sangrante costo que su actividad está acarreando a lo largo de los últimos años a su mundo: incremento incesante de presos, algunos con condenas cercanas a la cadena perpetua; sufrimiento para cientos de familiares; detención de sus principales referentes civiles; expulsión de la arena política e institucional, con la merma de poder y dinero, y su inoperancia en la toma de decisiones; extensión de los juicios a ámbitos no directamente relacionados con su propia actividad pero que afectan a muchos ciudadanos.

Y todo ello, con una sociedad vasca que no sólo no se moviliza en solidaridad –salvo por cuestiones puntuales–, sino que incluso legitima con su participación las citas electorales en las que se ejecuta el denostado apartheid.

Llegados a este punto, ¿cómo puede la izquierda abertzale terminar de una forma más o menos ordenada con todo esto? Planteo varios puntos, aunque soy consciente de que se necesitarán muchos más:

-Hacer ver a ETA que se ha terminado. Que si quiere seguir en su camino de lucha armada tendrá que hacerlo en solitario.

-Convencer al Gobierno de que esta vez sí, va en serio, y otorgarle a través de los agentes internacionales que tanto se están esforzando por proclamar la sinceridad de la apuesta, firmes garantías de que la izquierda abertzale no va a apoyar ni amparar la violencia dentro de su acción política.

-Trasladar a los partidos vascos un compromiso para entrar en una mesa multipartita donde cada representante ostentará el poder que le otorguen los ciudadanos, pero donde ninguna organización militar puede tener ningún papel de tutelaje. Ello supone abandonar cualquier intento de enmascaramiento para hacer ver lo que no es. El esfuerzo para recuperar credibilidad tiene que ser importante.

-Ir desactivando poco a poco la frustración política que todo este escenario puede ir acarreando en una base que ha vivido demasiado tiempo en el delirio de quienes pensaron que podrían trastocar el orden de las cosas sólo porque alguien decidía quién podía vivir y quién no.

El poder transformador al que aludía al principio de este artículo es real. Sólo la desaparición de un elemento que ha estado presente en la vida de varias generaciones de vascos durante los últimos cincuenta años tendría la auténtica capacidad de cambiar las cosas. Ese cambio, incluso, podría ir en el sentido que dice propugnar ETA: una acumulación de fuerzas real en pos de un cambio de marco político. Veremos qué ocurre.