Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau

Es precisamente ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no permitir a Sortu presentarse a las próximas elecciones, cuando vemos más claramente los peligros de la Ley de Partidos. La nueva ley nos fue presentada como una herramienta para proteger a la democracia. Pero, la reiterada insistencia en el discurso de las excepciones, al final, siempre conduce a eso: a reducir y dañar seriamente el juego democrático y la pluralidad social y política. Y, tal como se ve, al final esas decisiones tan importantes se toman más en función de estados de ánimo o voluntades políticas que por un análisis estrictamente jurídico.

Pero, más allá del debate legal y de la reflexión sobre la profundización democrática, hay algo que encuentro paradójico en el debate que hemos vivido estas semanas previas y, ahora, con la noticia de la decisión del TS he vuelto a comprobar. Parece que la gente más distante de la izquierda abertzale y más desconfiada con su apuesta, están contentos por la decisión del TS. En cambio, la gente más cercana se muestra descontenta y apesadumbrada.

Obviamente, en parte es lógico. Pero, en el fondo, es más bien al revés. Porque, a veces las cosas no son lo que parecen. O generan consecuencias contrarias a lo que se pretende. Veamos:

-impidiendo la presencia electoral de Sortu, se transmite la sensación que el problema no es la violencia sino el proyecto o, en este caso, los orígenes del proyecto. Con la ilegalización, los discursos más duros y victimistas de los sectores refractarios al cambio de estrategia podrían verse reforzados y así, poner más dificultades al proceso de desvinculación de la izquierda abertzale respecto a la violencia.

-En cambio, si Sortu hubiera sido legalizado, la presión ciudadana, social, política y mediática sobre todo lo que hubiera dicho o dejado de decir Sortu y, claro está, en el caso que ETA hubiera vuelto a la violencia, hubiera sido brutal. En el fondo, la legalización era la mejor prueba para asegurarse que el viraje de la izquierda abertzale iba en serio y casi un seguro que evitaba su vuelta atrás.

Psicólogos, médicos, abogados y expertos de reconocida trayectoria en el ámbito de la prevención de la tortura ofrecerán  este viernes 25 y sábado 26 en Pamplona-Iruñea sus opiniones y puntos de vista dentro del Foro Cívico contra la Tortura Esteban Muruetagoiena. Organizado por Iniciativa contra la Tortura en Navarra, que agrupa a distintos partidos políticos, sindicatos y agentes sociales, entre los cuales se encuentra Lokarri, el foro está dirigido y abierto a toda la ciudadanía.

La primera sesión del Foro arrancará con la periodista Mirentxu Purroy de moderadora, la médico Matti Iturralde y la hija de Esteban Muruetagoiena, que acudirá para proyectar el documental “The doctor”. Coincidiendo con el aniversario de la muerte de Esteban Muruetagoiena (28 de marzo de 1982), Tamara mostrará el documental en el que narra la vida de su padre, fallecido tras ser detenido y torturado.  El segundo debate, “La tortura en el Estado español”, estará dirigido por Joxean Agirre, de la Fundación Euskal Memoria, y contará con Ane Ituiño (TAT), un representante de Amnistía Internacional y la experta catalana Begoña Casado, de la Associació Memòria Contra la Tortura. El sacerdote de Herria 2000 Eliza Félix Placer orquestará la tercera sesión, en la que se abordarán las secuelas psicológicas de la tortura con el psiquiatra Pau Pérez y la psicóloga Ohiana Barrios. La última sesión del viernes, a cargo del editor Mikel Soto, versará sobre la impunidad y dará voz al médico-forense Benito Morentin, a la abogada Amaia Izko y a un miembro de Amnistía Internacional. La sesión del sábado, que estará moderada por el periodista Martxelo Otamendi, tratará sobre cómo combatir la tortura. En ella participarán Jorge del Cura, presidente de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura; Karlos Hernández, miembro de Salhaketa; Iratxe Urizar, del Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria Behatokia, y diversos movimientos sociales y colectivos que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y la prevención de la tortura.

Los debates se realizarán en los cines Golem y tendrán un aforo limitado, por lo que los organizadores solicitan confirmar asistencia a través del email forocivicocontralatortura@gmail.com. Los organizadores han invitado a representantes de 47 organizaciones que trabajan en este ámbito. Además, el foro podrá seguirse en directo a través de Internet. El lunes 28 se harán públicas las conclusiones de estos debates.

El programa completo y los horarios del Foro están disponibles aquí

Francisco Letamendia, profesor de la UPV-EHU

Analizaré aquí la consecuencia que el uso prolongado de la violencia ha tenido sobre las culturas políticas de la izquierda abertzale y de la mayoría del Estado, y cuál sería la evolución deseable de la interacción entre ambas culturas.

Cuando el grupo violento se estabiliza se convierte en un grupo en guerra; su percepción de la realidad queda filtrada por la polaridad amigo-enemigo. En la medida en que se prolonga su actividad en el tiempo, la figura del enemigo acaba llenando todo el espacio exterior al grupo, englobando a los sectores del colectivo nacional (en este caso el vasco) que reprueban el uso de la violencia. La polarización hostil acaba cubriendo por tanto en el largo plazo todo el campo identitario, y bloquea la dimensión instrumental de estos nacionalismos.

Respecto a la opinión pública del Estado, la formación proyectiva de la figura del enemigo interior y su identificación, no ya con el grupo armado, sino con la comunidad nacionalista que lo legitima, facilita la incorporación de las masas a la guerra sicológica. La sicosis antiterrorista es, en parte, una reacción espontánea de las masas ante la brutalidad e inhumanidad de los atentados del grupo armado; pero también un efecto buscado por los responsables del Gobierno, que buscan resolver de ese modo crisis de integración política causadas por su ausencia de éxitos en los campos económico, social, internacional.

Esta doble consecuencia del uso de la violencia es perfectamente detectable en la vida social y política viciada y hostilmente tribalizada del País vasco y en los clamorosos déficits de democracia en el Estado español.

La presentación del nuevo partido de la izquierda abertzale el 7 de febrero de 2011 marca un antes y un después. La decisión expresada por sus portavoces puede verse desde tres perspectivas. Tiene un indudable aspecto instrumental, el del cumplimiento de los requisitos que harán posible la relegalización y con ella la presencia en los órganos representativos. Presenta un aspecto radical de ruptura con su carácter de comunidad de legitimación de ETA, interiorizada por el grupo a través de una red de decisiones democráticas prolongadas en el tiempo y expresada con una rotundidad que sorprendió a todos. Desde el punto de vista de la cultura política, es -no puede ser otra cosa- el inicio de un complejo proceso por el que la figura del enemigo deje de formar parte de las actitudes e identidades de sus miembros.

Porque ello requiere simétricamente que el grupo deje de ser visto por la opinión pública y los decisores políticos del Estado a través de la figura, proyectiva y también funcional, del enemigo interior. Siempre podrá rechazarse a nivel estrictamente político el argumento de la simetría (por ejemplo, en una hipotética negociación ETA-Gobierno) alegando la imposible ecuación de igualdad entre un grupo terrorista y el Estado; hay que añadir que tal ecuación ha sido desechada por la izquierda abertzale. Por el contrario, y en lo que respecta a las transformaciones de las culturas políticas, procesos sico-sociales de amplio radio no dependientes de declaración voluntarista alguna , las culturas políticas que han vivido en mutua relación de hostilidad y que se han alimentado la una de la otra no pueden cambiar en profundidad si no es inter-transformándose recíprocamente. Lo que no impide que decisiones conscientes puedan tener un efecto preformativo sobre tal transformación.

Hay que decir que a ese nivel se está produciendo un gran desequilibrio entre la micro-sociedad abertzale, que está dando todos los pasos unilateralmente, y la macro-sociedad del Estado, que apenas ha dado alguno (a nivel de decisores políticos, ninguno). De cara a la legalización, el argumento de la credibilidad, que se superpone al de la legalidad, sólo refleja la permanencia de la figura del enemigo interior en una opinión pública mayoritaria que está atando de pies y manos a unos gobernantes que sin el acoso de este fantasma y con la información que manejan habrían legalizado ya al nuevo grupo. La credibilidad del argumento de la credibilidad está pues bajo mínimos.

La presentación de los Estatutos del nuevo partido el 7 de febrero va a tener sin duda un valor performativo en el cambio de la cultura política de las bases de la izquierda abertzale; dada la cobardía de los dirigentes políticos, sólo cabe esperar que ese papel lo cumplan los jueces y legalicen a Sortu. Cualquier otro escenario asestaría un serio revés a la evolución de ambas culturas políticas en una perspectiva de normalización y democracia, y obstaculizaría gravemente la desaparición de la dinámica del enemigo interior en ambas sociedades.

Tras la presentación de los estatutos de Sortu, ¿crees que debe ser legalizada? ¿Qué opinión te merece el hecho de que el Gobierno haya impugnado su legalización? ¿Qué papel pueden desempeñar los facilitadores internacionales hacia un un proceso de paz en Euskal Herria?

Estas son algunas de las preguntas del nuevo cuestionario del Observatorio Social del Proceso de Paz que Lokarri te anima a responder para que colabores impulsando un nuevo proceso de paz. Con todas las respuestas obtenidas Lokarri elaborará un nuevo informe sobre la situación hacia la paz. El plazo para responder finaliza el 16 de marzo.