Iker Merodio

Los conflictos, por definición, son complejos. No sólo en su manifestación o acotación, también en su origen y, por supuesto, también es complicado dibujar escenarios futuros y, por supuesto, abordarlos en el presente. Por eso es importante buscar los puntos que todas las partes identifican y destacar estas coincidencias como nudos que no pueden deshacerse.

No obstante, el conflicto vasco es aún más complicado porque una parte ni siquiera reconoce la existencia del mismo más allá de la violencia directa de ETA hacia sus víctimas. Y quienes reconocen que puede haber una motivación política, por desgracia, no la explicitan por un simple cálculo político y comunicativo. Pero además, hay un elemento que un arco completo de actores de este conflicto no reconoce: el origen del conflicto vasco.

No es materia de este blog exponer cuál es el inicio histórico de este enfrentamiento que se extiende hasta nuestros días, pues tampoco es necesario: el reconocimiento del pasado es, en sí mismo, un conflicto. Y uno de los peores si se tiene en cuenta quiénes defienden este tipo de posturas negacionistas en otros entornos como Israel, Turquía e incluso Irlanda del Norte (donde la invasión británica de la isla es aceptada por todos los bandos): los sectores más extremos o más ignorantes.

Sorprendentemente, en Euskadi, España y Francia, incluso algunos actores moderados no reconocen un origen histórico lo que, de facto y como ya se ha señalado, implica no aceptar, siquiera, el propio conflicto. No obstante, más rocambolesca puede ser la situación contraria: reconocer un enfrentamiento político (aunque no se haga de un modo explícito) que carece de origen.

La existencia de un hecho histórico y de un hecho político por parte de todos los actores darían un vuelco tanto al propio conflicto como a las posibilidades de resolución. Y dos son las cuestiones que habría que abordar para conseguirlo: (1) aceptar la existencia de un punto de inicio previo a la existencia de la propia ETA, reconociendo, cuando menos, un hecho diferencial sociológico. Y (2) admitir que la violencia de ETA, directa, no es el único problema, que los estados han ejercido violencia estructural a lo largo del proceso motivada por el mantenimiento de la unidad del territorio, un objetivo legítimo si se cuidan los medios.

Pero la aceptación de estas cuestiones conllevaría un riesgo político para los estados que, sin embargo, socialmente podrían conseguir un éxito: vaciar de contenido las reivindicaciones de ETA que, sin el soporte ideológico (que le brindan quienes niegan motivos para su existencia), podría disolverse.

Correr riesgos, en definitiva, puede ser la clave de un proceso de paz indiscutiblemente necesario. Pues sólo la existencia de este proceso puede asegurar el reconocimiento y la reparación de las víctimas y un futuro sin miedo a que la violencia se reproduzca.

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