Iñigo Lamarca

Iñigo Lamarca, Ararteko

La publicación del artículo “Tiempos históricos” en diversos medios escritos (se mandó a todos los que se editan en la CAPV o tienen ediciones específicas para Euskadi), artículo en el que abogábamos, en base a un razonamiento jurídico ligado a la defensa de los derechos fundamentales en juego, por la legalización de Sortu, marcó claramente la posición institucional del Ararteko en una materia controvertida y sensible. Si bien el cometido principal de la oficina que dirijo es atender y analizar las quejas y las consultas que nos plantean los ciudadanos y ciudadanas, ello opera, según reza nuestra ley reguladora, en el amplio marco de la defensa de los derechos reconocidos en el título I de la Constitución en calidad de alto comisionado del Parlamento Vasco, lo cual implica la realización de actuaciones que sirvan a la referida finalidad.

La decisión de una amplia mayoría del sector social identificado con los postulados políticos de Batasuna de generar una nueva dinámica socio-política que fuese incompatible con la violencia de ETA (decisión que se materializó en el documento ‘Zutik Euskal Herria’ que fue aprobado tras un arduo debate) se tradujo en la solemne declaración que los dirigentes de la mencionada formación política Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin hicieron en el palacio Euskalduna el pasado 7 de febrero. Posteriormente, se presentó una nueva formación política, Sortu, llamada a sustituir a Batasuna, formación que, tanto en las manifestaciones públicas de sus representantes como en las disposiciones de sus Estatutos, expresaba su rechazo a la violencia de ETA. Este hecho de enorme significado y trascendencia histórica no podía ser obviado por el Ararteko que, en múltiples ocasiones se había manifestado radicalmente en contra de la organización terrorista por razones éticas basadas en el respeto a los derechos humanos. Lo que durante tanto tiempo habíamos anhelado estaba ocurriendo: el sector social que había alimentado la existencia y persistencia de ETA abogada por su desaparición. Es cierto que la citada organización, que tanto horror y vulneración de derechos ha ocasionado, aún no ha desaparecido pero no es menos cierto que sus días muy probablemente están contados en tanto en cuanto su base social la rechace. No me corresponde analizar o especular sobre las razones que han impulsado a la izquierda abertzale tradicional a adoptar tal histórica decisión. Lo importante es que, a tenor de numerosas declaraciones y pronunciamientos, la decisión parece que es definitiva e irreversible, y ello puede contribuir decisivamente a que un nuevo tiempo histórico se abra paso en Euskadi.

Un nuevo tiempo histórico en el que la aplicación de la Ley de Partidos, al albur de las nuevas circunstancias, debería conducir a la legalización de Sortu (como lo sostuvo una minoría muy significativa de la Sala competente del Tribunal Supremo) y a permitir la concurrencia de la coalición Bildu a las elecciones, como al final determinó el Tribunal Constitucional.

En el nuevo escenario que se está gestando a trancas y barrancas hay elementos que pueden contribuir a que avancen decisivamente la paz y el respeto a los valores, principios y derechos democráticos, pero también se avizoran no pocas dificultades y obstáculos. En el nuevo escenario histórico tienen que estar muy presentes los derechos a la verdad, memoria, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, de ETA y de los demás grupos terroristas que han operado en Euskadi. También los de las otras víctimas de excesos policiales, torturas etc. habidas, según expresión del propio Parlamento Vasco, en un contexto de motivación política. Los grupos que componen el Legislativo de Euskadi han hecho un magnífico trabajo creando, de manera consensuada, disposiciones legales y herramientas de políticas públicas que resultarán tremendamente útiles para avanzar en el nuevo escenario. En todo caso, los valores éticos de respeto a los derechos fundamentales de la persona deberán ser el cemento necesario para construir una nueva Euskadi asentada en los cimientos de la paz, la diversidad, la justicia y la memoria de las terribles vulneraciones de derechos y sus víctimas, donde todas y cada una de las personas que integran la sociedad vasca encuentren un lugar digno y equitativo en la misma.