El estado de las cosas y las cosas del Estado
03.10.2011 (10:40 am)
La firma por parte del colectivo de presos políticos vascos (EPPK) del Acuerdo de Gernika casi coincide en el tiempo con la sentencia del caso Bateragune. Un importante paso adelante, reconocido de forma casi unánime, por un lado, junto al bloqueo por otro. Un retrato de la situación.
La afirmación de Cándido Conde-Pumpido sobre el carácter de la sentencia como “jurídica y no política” y que “contribuye al avance hacia la paz” resulta tan cómica como aquello de “profesional y proporcionada” en boca de Ares sobre el desalojo de Kukutza. Y plantea la pregunta: ¿en qué anda el Estado?
¿La superación de la estrategia de la ilegalización?
La noticia de la legalidad de Bildu para las elecciones del 22M, acogida con entusiasmo en una multitudinaria e histórica sentada popular en el Arenal bilbaíno y en Iruñea, parecía marcar un punto de inflexión. Independientemente de que la secuencia pudo ser la prevista, rechazo en el Supremo y aceptación en el TC, el grado de conmoción en la sociedad vasca causado por el rechazo perpretado por el TS desbordó a casi todos. En apenas una semana, se organizaron movilizaciones y se multiplicaron los pronunciamientos a favor de unas elecciones democráticas con participación de Bildu, desde el rectorado de la UPV-EHU a CC.OO de Euskadi, pasando por el PNV o numerosas voces del PSE, Patxi López incluido. Quizás todavía no totalmente amortizada en España, la estrategia de la ilegalización aparecía como de complicada viabilidad en Euskal Herria.
¿Significa esto el fracaso y fin de la estrategia de la ilegalización? Sí y no, probablemente. Quedan cuestiones pendientes, como el caso de ANV o la decisión sobre Sortu. Pero parece que en su caso más extremo, la alteración del mapa electoral, su aplicación en el nuevo escenario abierto en Euskal Herria parece muy complicada social y políticamente. Más aún tras los contundentes resultados de Bildu. Incluso, en una España al borde del colapso económico, su rédito electoral para PP y PSOE parece en vías de amortización.
Ahora bien, la legalización de Bildu parece interpretarse en la sociedad vasca más como una victoria de la movilización popular que como una aportación desde el Estado al proceso de paz. Lectura que parece reforzar el hecho de que desde el Estado no se renuncia a la utilización política de la estrategia de la ilegalización. Aunque el coste social y político de la ilegalización directa parece inviable en Euskal Herria, sigue utilizándose, más allá de las sentencias prefabricadas, para intentar crear contradicciones en el seno de la izquierda soberanista –la incertidumbre sobre Sortu y sobre los miles de candidatos vetados– o para intentar ‘disciplinar’ a Bildu bajo la amenaza de ilegalización.
La acumulación de izquierda soberanista y la disputa del relato
Los resultados electorales del 22M supusieron un auténtico terremoto político. La estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas, con el impulso de las movilizaciones por la legalización, batía records históricos para el soberanismo de izquierdas. Una fotografía que dejaba más en evidencia la artificialidad del parlamento de Gasteiz: el acuerdo de gobierno PP-PSOE apenas alcanzaba el 30% en unas elecciones medianamente democráticas.
La incorporación de Aralar, tras los resultados del 22M, al bloque de izquierda soberanista de cara a las elecciones españolas del 20N, además, agudiza dos líneas de disputa política. La primera, respecto a la hegemonía en el mundo abertzale: el PNV apenas resistía a Bildu haciéndose fuerte en el gran Bilbao. El partido jeltzale continúa reivindicándose como el cauce central pero, a diferencia de otros tiempos, ya no aspira a arrastrar por ambos lados, sino a mantener un precario equilibrio sin caer al vacío por ninguno, especialmente por el lado abertzale. A tal objeto se ha visto obligado a sacrificar la Diputación de Gipuzkoa y numerosos ayuntamientos. La suma de Bildu y Aralar, Amaiur, aísla al PNV en el conjunto del abertzalismo y aspira seriamente a convertirse el 20N en la fuerza más votada en Euskal Herria, lo que ha desatado el nerviosismo y las estridencias en el ahora Partido Nacional Vasco.
La otra línea de disputa, más de fondo, se sitúa en ese campo actualmente tan importante, como señalase Christian Salmon, cual es el del relato. Es el relato sobre el proceso de paz el que está en juego. La unilateralidad del proceso, que permite mantener la iniciativa política, y la fuerza electoral de la suma de izquierda soberanista, han encendido para muchos las alarmas y el temor a que sea este bloque el que elabore el relato. Iñigo Urkullu fue explícito, con cierta desesperación y acritud, en el Alderdi Eguna, al señalar que “este país no le debe nada a la izquierda abertzale”. También está muy presente en círculos de la derecha española, bajo la formulación de la ‘derrota política del terrorismo’. Esta disputa, amén de inercias,parece estar también en el fondo de la utilización de la ilegalización o en la sentencia del caso Bateragune; se trataría de que una eventual decisión de Euskadi Ta Askatasuna fuera vista como consecuencia de la presión policial y judicial, y no sea capitalizada por la izquierda soberanista. En otra versión más sutil, la misma disputa impulsa las apelaciones a un ‘relato compartido sobre lo sucedido’ y ‘una lectura crítica del pasado’; porque una cosa es el reconocimiento del dolor y de las víctimas, necesario en un proceso de paz, y otra muy distinta un relato compartido, que requiere tiempos más largos, y que muchas de las veces ni es posible ni necesario. Lo que está en juego en todos los casos es esa disputa política por el relato y, en concreto, una disputa frente a un pujante bloque de izquierda soberanista.
¿Hacia la confrontación democrática?
La existencia de diferentes relatos, que se disputan hegemonías y adhesiones, no resulta –decíamos cuando criticábamos las apelaciones a un relato compartido– necesariamente negativo. Entra dentro de la dinámica social y democrática. Lo que ocurre en este caso es que no todos los recursos empleados son democráticos (la estrategia de la ilegalización y las sentencias políticas) y, además, tratan de bloquear los avances hacia un escenario de paz integral.
En este contexto, la estrategia del bloque de izquierda soberanista parece clara. Por un lado, seguir avanzando con nuevos pasos, que pongan más en evidencia las estrategias de bloqueo. Por otro, una estrategia de estabilización en las instituciones, que le permita ahuyentar el discurso del miedo que ya ensayaran PP, PSOE y PNV (“se paralizará el país”) y seguir acumulando adhesiones hasta disputar y ganar las elecciones autonómicas. La acción más puramente reivindicativa y simbólica, así, podría trasladarse al marco del parlamento español con Amaiur, al tiempo que Bildu se blindaría en trasladar estabilidad y una gestión de izquierdas. A ello habría que sumar una actividad constante de movilización y activación social.
Pero si, transcurrido el periodo de estabilización y disputa de la hegemonía que lleva a las autonómicas, la situación de bloqueo persistiese, además de la movilización popular, probablemente habría que activar las mayorías institucionales conseguidas y confrontarlas democráticamente a esa estrategia de bloqueo. Y ese escenario también habrá de prepararse con antelación, porque la paralización, atrapamiento u homologación de la izquierda soberanista en el entramado institucional es también otra cara de la disputa y de la estrategia del bloqueo.












