Las amenazas no pueden callarnos
11.05.2012 (2:04 pm)
- Aitziber Blanco, Lokarri
El pasado mes de abril, fuimos invitadas por Piedad Córdoba a formar parte del Grupo de Mujeres Gestoras de Paz, integrado entre otras por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Xiomara Castro de Zelaya (esposa del expresidente de Honduras), Socorro Gómes (presidenta del Consejo Mundial por la Paz), Mirta Baravalle (fundadora de las Madres de la plaza de Mayo), Maite Aristegi (diputada por Amaiur en Madrid) y Margarita Zapata (presidenta de la Fundación Emiliano Zapata). Nuestro cometido era acompañar el proceso humanitario de liberación de los últimos uniformados que las FARC tenían en su poder. Esta liberación fue posible gracias a la labor mediadora que, durante años, ha venido desarrollando la ex senadora Piedad Córdoba a la cabeza del colectivo social Colombianas y Colombianos por la Paz.
Esta misma semana Piedad Córdoba ha denunciado la intensificación de las amenazas contra su vida. Este hecho es muy grave y más aún teniendo en cuenta que no es aislado, ya que son numerosas las organizaciones de derechos humanos y movimientos populares que de forma continuada están siendo amenazadas.
Desde Euskal Herria podemos contribuir a que al menos estos hechos no queden en el silencio, ni en la sombra denunciando lo que está ocurriendo. Todas las personas en situación de amenaza necesitan toda la solidaridad que podamos mandarles. Un fuerte abrazo.
Aquí se puede ver más información contenida en el comunicado que Colombianas y Colombianos por la Paz dió a conocer el 9 de mayo en Bogotá.
(Nota de prensa de Colombianos y colombianas por la paz – 9 de mayo de 2012)
A PESAR DEL PLAN CONTRA PIEDAD, SEGUIMOS CAMINANDO CON ELLA POR LA PAZ
Hoy en la mañana recibimos la información de un plan en curso para asesinar a nuestra vocera y lideresa, Piedad Córdoba Ruíz. Para esta actuación criminal se han aportado más de 1000 millones de pesos, de sectores de mucho poder, con estos se pagarán algunos ex militares que han participado en este tipo de operaciones contra dirigentes políticos que fueron asesinados y se adquirió un sistema de tecnología de punta para lograr exactitud y precisión en su objetivo.
En la tarde se conocieron más detalles de esta operación, de los planificadores y de los ejecutores. Los fundamentos fácticos de este plan fueron dados a conocer a los entes competentes de investigación a fin de lograr que este plan sea frustrado, la información sea cotejada y se identifique y sancione a los responsables de este plan contra el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a trabajar por la paz y los derechos humanos.
El plan para atentar contra la vida de Piedad Córdoba es la evidencia de la continuidad de estructuras criminales que pretenden imposibilitar la construcción de la paz con base en la justicia.
Esta acción criminal sumada a atentados, desapariciones forzadas, seguimientos, señalamientos y de amenazas de muerte en estos últimos 15 días de integrantes de organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres y LGTB, movimientos sociales, activistas de derechos humanos, y líderes campesinos son la oportunidad para que el gobierno en cabeza del presidente Santos asuma con voluntad férrea el enfrentamiento de estructuras armadas que operan bajo la clandestinidad con la omisión y tolerancia de instancias formadas en la doctrina del “enemigo interno”
Llamamos al gobierno nacional a que su voluntad de aplicar una ley de víctimas sea acompañe coherentemente con decisiones políticas que permitan la protección de los derechos humanos, el desmonte real del paramilitarismo, neoparamilitarismo o las llamadas BACRIM.
Frente a situaciones que se vienen produciendo por las acciones bélicas Colombianas y Colombianos por la Paz, reitera su llamamiento a todas las partes, a la fuerza pública y a las guerrillas de las FARC y del ELN, la aplicación del derecho humanitario en todos sus aspectos, y en particular, sobre la vida y los bienes de civiles.
En relación con la continuidad de hostilidades y acciones bélicas en Caquetá desde el pasado 28 de abril, llamamos nuevamente al gobierno colombiano para que las fuerzas militares apliquen los principios y la normativa del derecho internacional humanitario con los pobladores de La Unión Penaya y sus alrededores, que según, reportes periodísticos se han visto afectados por sus operaciones armadas,
Al mismo tiempo, en relación con la situación del periodista Roméo Langlois, Colombianas y Colombianos por la Paz, reitera su llamado a la guerrilla de las FARC, para que el comunicador sea dejado en libertad con las garantías de protección y de seguridad a la mayor brevedad posible como lo contempla el derecho internacional humanitario.
Las situaciones derivadas del conflicto armado como las que se viven en el Caquetá y en otras regiones del país, son una invitación urgente e imperiosa a la sociedad para que reconozcamos la gravedad de la violencia sociopolítica y la posibilidad de su resolución definitiva por medios distintos a más violencia.
Por eso, Colombianas y Colombianos por la Paz, continuará abriendo espacios para la discusión pública sobre aspectos sustanciales para la aplicación del derecho humanitario entre ellos las limitaciones y la libertad de expresión en contextos de conflicto armado, el sistema carcelario y la situaciones de privados de la libertad, los derechos de la población y de los combatientes de las partes, el delito político, la paz durable y sustentable y la sociedad, los marcos legales para la paz, la paz y la pacificación, entre otros.
En este mismo propósito convoca al país y será parte de una convocatoria que sume los esfuerzos de convergencia de las diversas expresiones de la sociedad que buscan, que promueven, que abogan por la paz a través del diálogo político.
Bogotá, D.C. mayo 9 de 2012
Colombianas y Colombianos por la Paz
