Detenciones políticas y cultura de emergencia
21.01.2011 (11:29 am)
- Fernando Mendiola y Manuel Nogueras, miembros de Alternativa Antimilitarista – Iruñeko KEM-MOC y Antimilitaristas.org
Comienza 2011 con mejores perspectivas en el llamado Conflicto Vasco, al menos en su vertiente armada y militar. Da la impresión de que estamos en un momento en el que la actividad política y social se va a situar en el centro del debate y en el que las personas no sean asesinadas en función de su opción política. Perspectivas halagüeñas, en conjunto, y en especial para quienes han sufrido de manera más directa las expresiones más indiscriminadas y descarnadas de la violencia política. Todo lo anterior, sin embargo, viene acompañado de más represión por parte del Estado. Y así, nos encontramos con las detenciones de jóvenes como consecuencia de su pertenencia a la organización Segi, bajo una acusación genérica de terrorismo. O también, la última operación contra el supuesto entramado de ETA (ya todo, ya tantas cosas son ETA…) en la que junto a supuestos militantes de Ekin (que en alguno de los casos se han manifestado, para más lacerante contradicción, abierta, explícita y públicamente a favor de vías exclusivamente políticas…) ha ido a prisión otro grupo de personas por ser los responsables de una página web. Encarcelamientos, en fin, de personas comprometidas en iniciativas sociales, cuya intervención política ha sido pública y civil, y a quienes se les ha aplicado la legislación antiterrorista por hacer política.
No se trata de un caso aislado, es más bien fruto del desarrollo incesante de un marco legislativo de excepción basado en el derecho penal de autor y que conforma un dispositivo jurídico penal sin garantías. Sin habeas corpus, sin derecho a no declarar contra sí mismo, sin derecho a ser atendido en todo momento por un abogado de confianza, sin derecho a no ser condenado sin más pruebas que las atestados policiales… se han cerrado periódicos, se han ilegalizado partidos o se ha privado de libertad a personas que hacen política. Un incesante recorte de derechos que se enmarca en una preocupante “cultura penal de emergencia” cada vez más fortalecida a nivel internacional, con la que se sigue persiguiendo a una parte de la disidencia.
En uno de los casos que nos ocupa, además, asistimos a la crónica de una redada anunciada. Varios jóvenes se presentaron públicamente hace dos meses denunciando su indefensión ante su aparición en listas negras policiales profusamente difundidas en las campañas criminalizadoras de los mass media. Finalmente, se cumplieron los presagios y no pocos de ellos denunciaron golpes, amenazas, torturas y vejaciones sexuales durante el periodo de incomunicación, esa herramienta que, junto con la presión física, defienden sin complejos la CIA o el Mossad y que ha sido criticado en más de una ocasión por organizaciones garantistas como Amnistía Internacional, entre otras, y también incluso por Martin Scheinin, relator especial de la ONU sobre la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en la lucha el Terrorismo. <b>Leer toda la entrada</b>
