Iñigo Lamarca, Ararteko

El día pasado respondía a la pregunta que me formulaba un periodista sobre la conveniencia de modificar la política penitenciaria relativa a la dispersión de los presos de ETA. El Ararteko ha mantenido invariablemente la misma posición, a saber que las personas en prisión, también las condenadas por las acciones terroristas del citado grupo, han de estar próximas a sus entornos familiares y sociales. Dicha posición está basada en razones éticas de carácter humanitario y de mejor protección posible de los derechos que asisten a las personas en prisión (tratándose de derechos de configuración legal no podemos hablar de conculcación de la legalidad sino de la elevación del nivel de ejercicio y salvaguarda de esos derechos). Cualquier consideración unida a razones de oportunidad política o relacionadas con la lucha antiterrorista ha de ser descartada del argumentario de la Defensoría del Pueblo de Euskadi, toda vez que debemos situarnos en la vanguardia de la demanda de la mejora del ejercicio de los derechos así como de su sistema de garantías.

Existen a día de hoy indicios sólidos que alimentan la esperanza de una pronta desaparición de ETA. Esa perspectiva debería redoblar los esfuerzos para trabajar con ahínco en la construcción o reforzamiento de las condiciones que hagan posible una doble tarea hercúlea: de una parte, la hegemonía absoluta de los valores democráticos de respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales, hegemonía que debería alcanzar la plenitud en su extensión e interiorización por parte de la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas vascos. De otra parte, el ejercicio real y efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación a las víctimas de todos los grupos terroristas, según se reconoce en la ley vasca 4/2008. Junto con estas víctimas no debemos olvidarnos de aquellas otras resultantes de actuaciones ilegales (torturas, cargas policiales, actuaciones de bandas parapoliciales…) en un contexto de motivación política, según los términos del informe presentado recientemente por la Dirección de Víctimas del Terrorismo y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco en el Parlamento Vasco, que contó con la aquiescencia de todos los grupos de la Cámara.

Precisamente este último informe pone el foco en una realidad que no se ha abordado aún debidamente: el reconocimiento, con todas sus consecuencias, de las actuaciones ilegítimas e ilegales, según las normas, principios y valores del Estado democrático de derecho, en la lucha antiterrorista; o la desproporcionalidad y exceso de algunas de las medidas adoptadas, si las contrastamos con dichos principios y valores. Leer toda la entrada

Jordi Armadans, director de  Fundació per la Pau

Tenía previsto enviar un post sobre otra cuestión pero me parece imposible no dedicarlo a la absolución por parte de la Audiencia Nacional de los cinco responsables de Egunkaria. Y no solo por la importancia de la noticia en si misma, sino porque nos permite abordar una cuestión clave: la de los límites en la lucha contra el terrorismo o, más aún, la tensión entre libertad y seguridad.

Después del atentado del 11 S se impuso a nivel global un análisis que alertaba de la debilidad, en términos de defensa, que suponía para las sociedades un amplio abanico de derechos y libertades. Por ello, se concluía, había que redimensionarlos a la baja para fortalecer nuestra seguridad. Los medios de comunicación y la ciudadanía, atemorizada por todo lo que parecía venirse encima, accedieron sumisamente al nuevo planteamiento.

Esa nueva perspectiva, impulsada por Bush y sus jinetes ‘apocalípticos’, conectó fácilmente con muchos otros dirigentes necesitados de una buena coartada para meter en orden sus respectivos flecos de disidencia (sin ir más lejos, fue interesante constatar como Rusia y China, siempre proclives a desmarcarse del liderazgo norte-americano, bendijeron esta vez sin mayores problemas los nuevos rumbos).

Sin duda, uno de estos dirigentes fue Aznar. Después de intentar un proceso de paz, el fracaso de la tregua y el recrudecimiento de la violencia por parte de ETA, le impulsaron hacia una intransigencia total, no ya con el mundo de ETA sino con buena parte del mundo abertzale e, incluso, con todo aquel que simplemente disintiera o se apartara de la línea oficial de la lucha antiterrorista. Con gran irresponsabilidad un amplio sector político, jurídico y ‘mediático’ jalearon esa deriva en vez de contrastarla con una visión más sensata y racional.

En ese contexto, muchos fueron los desmanes. Imposible nombrarlos todos. Pero no puedo dejar de recordar la persecución que sufrió Julio Medem por un documental plural y reflexivo. O la absurda imputación a Sabino Ormazábal y otros miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe. Así, el cierre de este caso o el de Egunkaria suponen una cierta enmienda a esa deriva loca.

También es verdad, y aquellos que somos críticos con la estrategia de la ilegalización de partidos no podemos obviarlo, que la izquierda abertzale oficial parece querer darle la razón al modelo ilegalizador: incapaz de autodeterminarse de la tutela armada, sólo parece mover ficha cuándo su proceso de invisibilización política e institucional le ha debilitado profundamente.

En fin, viendo la facilidad con que algunas barbaridades se han podido cometer y la poca crítica que han generado, hay que repetir hasta la saciedad una obviedad: no hay atajos, nunca la ampliación de los espacios de derechos y libertad debilita la democracia, y nunca, ni en el País Vasco ni en ningún otro lugar, la disminución de esos espacios va a acercarnos más a la paz.