Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau

Es precisamente ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no permitir a Sortu presentarse a las próximas elecciones, cuando vemos más claramente los peligros de la Ley de Partidos. La nueva ley nos fue presentada como una herramienta para proteger a la democracia. Pero, la reiterada insistencia en el discurso de las excepciones, al final, siempre conduce a eso: a reducir y dañar seriamente el juego democrático y la pluralidad social y política. Y, tal como se ve, al final esas decisiones tan importantes se toman más en función de estados de ánimo o voluntades políticas que por un análisis estrictamente jurídico.

Pero, más allá del debate legal y de la reflexión sobre la profundización democrática, hay algo que encuentro paradójico en el debate que hemos vivido estas semanas previas y, ahora, con la noticia de la decisión del TS he vuelto a comprobar. Parece que la gente más distante de la izquierda abertzale y más desconfiada con su apuesta, están contentos por la decisión del TS. En cambio, la gente más cercana se muestra descontenta y apesadumbrada.

Obviamente, en parte es lógico. Pero, en el fondo, es más bien al revés. Porque, a veces las cosas no son lo que parecen. O generan consecuencias contrarias a lo que se pretende. Veamos:

-impidiendo la presencia electoral de Sortu, se transmite la sensación que el problema no es la violencia sino el proyecto o, en este caso, los orígenes del proyecto. Con la ilegalización, los discursos más duros y victimistas de los sectores refractarios al cambio de estrategia podrían verse reforzados y así, poner más dificultades al proceso de desvinculación de la izquierda abertzale respecto a la violencia.

-En cambio, si Sortu hubiera sido legalizado, la presión ciudadana, social, política y mediática sobre todo lo que hubiera dicho o dejado de decir Sortu y, claro está, en el caso que ETA hubiera vuelto a la violencia, hubiera sido brutal. En el fondo, la legalización era la mejor prueba para asegurarse que el viraje de la izquierda abertzale iba en serio y casi un seguro que evitaba su vuelta atrás.

José Manuel de Pablos

¿Para qué ha servido desde su aprobación hace más de ocho años la Ley de Partidos? Para ilegalizar a un único partido político, nada más. Es decir, la Ley de Partidos es una ley formulada y aplicada con la única intencionalidad de anular derechos civiles de un muy determinado segmento de la población, un segmento de la población independentista, socialista y que se ha resistido a condenar la violencia de ETA, no así otros tipos de violencia.

Tras la aprobación de la Ley de Partidos por el Tribunal Supremo, Batasuna alzó recurso ante el Tribunal Constitucional, optando éste por respaldar la decisión del Tribunal Supremo de ilegalización de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, quedando únicamente abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en una sentencia que sorprendió a quienes pensamos que es una ley que vulnera derechos, avaló su contenido.

De todos es sabido que las ideologías no delinquen, delinquen las personas, y para las personas que delinquen, el Código Penal ya está provisto de los mecanismos adecuados para actuar en consecuencia. Se puede, y de hecho se hace con cierta frecuencia, más de la deseable, endurecer las penas que estipula el Código Penal para el castigo de los delitos que cometen las personas, y, en una nueva vuelta de tuerca al despropósito que supone ilegalizar un partido político que no condena un determinado tipo de violencia, en el Reino de España el PSOE y el PP, con el apoyo de Coalición Canaria, hacen posible que el esperpento alcance dimensiones inquisitoriales.

Sorprendente, más teniendo en cuenta que el partido ilegalizado ha comenzado a aplicar los principios que permitirían su legalización a través de la declaración Zutik Euskal Herria (pdf) y con ella dar un paso hacia la normalización política en este país.

O no tan sorprendente.

Maialen Lizarralde, Lokarri

Ayer jueves 25 de marzo, una delegación de Lokarri viajó a Madrid con las 2.896 firmas pidiendo la puesta en libertad de los líderes de Ezker Abertzalea, para depositarlas en la Audiencia Nacional y el Gobierno español, así como para entregar una carta a Arnaldo Otegi informando de la campaña.

Después de cuatro horas de carretera llegamos a la Audiencia Nacional donde nos esperaban colaboradores madrileños de Lokarri. Entregamos las peticiones en el Juzgado de Instrucción nº 5, por suerte sin tener que dar demasiadas explicaciones, y con el papel sellado nos dirigimos hacia La Moncloa. También salimos del registro con la petición sellada, y previa parada para comer, nos desplazamos al centro penitenciario de Navalcarnero donde se encuentra preso Arnaldo Otegi. La intención era entregarle una carta informándole de la campaña, pero las autoridades no aceptaron recibirla y nos informaron de que sólo se entregan cartas a través de Correos.

Con las tres etapas realizadas, dimos por cumplido el compromiso con las 2.896 personas que suscribieron la petición de libertad para los líderes de Ezker Abertzalea, por el que exigimos el respeto a las libertades democráticas básicas y el cese de obstáculos para que puedan desarrollar su estrategia en igualdad de condiciones. El momento en el que nos encontramos exige que así sea para avanzar hacia un escenario constructivo donde la paz sea posible.