El lunes 7 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, se podrá seguir en directo el acto en el que la Izquierda Abertzale ilegalizada explicará el contenido de los estatutos que procederá a presentar en el registro de partidos políticos con el fin de lograr su legalización.
En el momento de escribir este comentario, apenas han transcurrido 15 días desde el comunicado de ETA en el que anunciaba un alto el fuego general, permanente y verificable. Señalo la fecha, porque da la sensación de que ha transcurrido un mundo desde aquel momento, pero no es así. Es además, una sensación compartida con mucha gente con la que he hablado sobre el tema, y todos lo achacamos a lo mismo, no era el comunicado que esperábamos y eso ha enfriado muchísimo el ánimo de la ciudadanía.
No hay más que hacer un poco de memoria para darnos cuenta que esta tregua no ha generado ni el más mínimo entusiasmo popular, si la comparamos, por ejemplo, con la de la época de Lizarra.
Constatada pues, la ausencia de entusiasmo general, es evidente, que para la ciudadanía vasca, el proceso de paz está en sus más incipientes inicios, por lo que parece imprescindible que se den pasos que lo vayan consolidando, al tiempo que ganando la batalla al escepticismo.
Entre estos pasos, creo que cabe destacar tres que, además, están entrelazados entre sí, es decir, que el uno sin el otro no tendría demasiado recorrido.
La exigencia de la izquierda abertzale a que ETA desaparezca, la inscripción de la izquierda abertzale en el registro de partidos políticos como un partido legal y el inicio de los trabajos de verificación internacional de la tregua.
Aún confiando en la veracidad de la apuesta inequívoca de la izquierda abertzale por las vías exclusivamente políticas, a ese camino emprendido hace meses le falta el último sprint: la exigencia a ETA de su disolución. Más allá de las interpretaciones extensivas de la Izquierda Abertzale con respecto al comunicado de ETA, lo que es innegable, al tiempo que intolerable, es que ETA manifiesta su intención de perdurar en el tiempo.
Si la apuesta es por la política, no cabe permanecer en silencio ante la amenazante existencia de un grupo terrorista.
Ahora bien, si efectivamente, piensan presentar unos estatutos adaptados en su totalidad a la Ley de partidos, no les va a quedar más remedio que exigir esa desaparición.
Y es aquí donde viene el segundo paso para afianzar el proceso de paz y el primero a dar por el Gobierno español, la legalización de la IA.
Guste más o guste menos, se confíe más o se confíe menos, un Estado que se quiera llamar a sí mismo democrático, no puede interpretar las leyes según la conveniencia política de cada momento. Así que con la misma rotundidad con la que se han ilegalizado partidos por no adaptarse, según los tribunales a la Ley, se deben legalizar cuando sí se adaptan. Ni lectura de intenciones, ni cuarentenas, ni elementos extrajurídicos varios.
¿Qué hubiera ocurrido en la transición si a aquellos que venían de apoyar la dictadura se les hubiera aplicado la misma fórmula?
Es difícil adivinarlo, pero desde luego, la transición con sus virtudes y defectos, no hubiera sido como efectivamente fue.
Por último, resuelto el tema de la legalización y el apoyo tácito o explícito de cualquier fuerza política a ETA, resuelta la parte política, por decirlo de alguna manera, queda la parte militar. Como decía antes, tenga ETA más o menos apoyo social, su mera existencia es inaceptable, y es aquí donde entra en juego la verificación de ese alto el fuego, y el segundo paso a dar por el gobierno.
La verificación, debe ser en Euskadi, como lo fue el Irlanda, el primer paso de la desaparición de ETA, y para ello es necesaria la presencia de agentes internacionales, pero también, la implicación del propio gobierno.
Si estos tres procesos empiezan a caminar, creo que entonces sí, sustituiremos el escepticismo por esperanza.
Como todo el mundo sabe, el Jaque Mate es una jugada en ajedrez que termina con la partida dando la victoria a quien la realiza. La jugada en sí consiste en que con el movimiento de una de las fichas, se mueva el Rey donde se mueva, acabará siendo comido por el contrincante quedando sin escapatoria. Pues algo parecido le ha pasado al Estado español con el anuncio de la izquierda abertzale de la creación del nuevo partido. En este anuncio ha dejado claro que se adaptará a los postulados de la Ley de partidos, rechazando de pleno la violencia para conseguir objetivos políticos y apostando únicamente por los medios políticos y democráticos para conseguirlos. Ante este sencillo movimiento de ficha, el Gobierno español ha reaccionado titubeando, con nerviosismo e improvisación a la hora de oponerse a una próxima legalización de Batasuna. Es decir, volviendo al lenguaje del ajedrez, ante este movimiento de Batasuna, al Rey solo le quedan tres movimientos que realizar, movimientos por los cuales, va a ser comido de cualquier manera.
El primer movimiento que realiza, el más previsible. Asegurar que el anuncio de Batasuna no es suficiente para la legalización y pedirle más ‘hechos’ que verifiquen su rechazo de la violencia. Sin embargo, la ley española establece actualmente unos artículos que cumplir para la creación de un partido político. Si Batasuna los cumple uno por uno, serán los jueces quienes tengan que aplicar la legalidad vigente y legalizar a la IA tradicional, en caso contrario, no la aplicarían a sabiendas, por la presión mediática y política, con lo cual, estarían prevaricando. De todas formas, los políticos españoles, asegurando que ellos mismos no permitirán la legalización de Batasuna, están evidenciando la ausencia de separación de poderes, dando a entender que son ellos, los políticos, y no los jueces, quienes aplican las leyes, una característica propia de los estados más totalitarios.
El segundo movimiento fatídico se daría si tras la negativa a la legalización, el Gobierno de España intenta insistir en que no se persiguen las ideas, sino a los terroristas. De ser así, si el hecho de que Batasuna, por tener unas siglas relacionadas legalmente con una organización armada, ha de ser ilegalizada permanentemente a pesar de los esfuerzos de su base militante por apostar por la palabra y no por la violencia, ¿qué es lo que está persiguiendo y encarcelando el Gobierno de España, la violencia ejercida por una organización terrorista, o unas siglas políticas en concreto? De esta manera, sería más visible que el Estado español persigue ideas y no a violentos.
El tercer movimiento posible es el primero por el cual sería comido de inmediato en la tabla blanquinegra. En relación con el anterior, si el Gobierno de España demuestra que a Batasuna hay que mantenerla ilegal digan lo que digan sus dirigentes en favor de los métodos exclusivamente pacíficos, ¿qué es lo que nos han querido decir los políticos durante estos últimos diez años, asegurando que la condición mínima que había que cumplir para la legalización era la de condenar la violencia? Nuevamente, demuestran que toda la estrategia seguida desde hace diez años ha resultado ser ua farsa. Está claro que hoy por hoy, Batasuna condena la violencia, en un proceso ratificado por su base social, sin precedentes, y la negativa de España ha sido la misma de siempre, desde luego, con ninguno de los tres movimientos posibles, el Estado español quedaría bien parado, más bien quedará como un estado mentiroso y con deslices autoritarios.
Eso sí, si nos fijamos en la masa social española, la que jalea y justifica el frente españolista Patxi-Basagoiti, la que mira para otro lado cuando se trata de tortura policial, la que mientras Batasuna grita Paz, ella grita Guerra, desde luego que nada va a cambiar en ella este jaque mate al estado, ni siquiera percibirá ningún matíz en su escandalosa derrota, pero lo que sí puede ocurrir, es que desde instancias internacionales alguien vuelva a preguntar qué es lo que pasa en España, sacando los colores a este Estado autodenominado de derecho, al igual que ocurre con cada examen sobre derechos humanos en comisarías españolas, al igual que ocurrió con Iniciativa Internacionalista, donde Europa advirtió a España de que no se puede estirar la Ley antiterrorista como un chicle. El momento en el que ETA acepte el desarme (ojalá sea por estas fechas) los tres movimientos del Estado de derecho serán su propia lapidación.
Extracto de la rueda de prensa ofrecida por Lokarri en la que Paul Ríos expone las condiciones para que un proceso de paz sea viable: irreversibilidad y legalización. Leer el texto íntegro
Tendríamos que dar por supuesto que para septiembre el escenario será sustancialmente distinto. O bien ETA ha declarado una tregua indefinida y la Izquierda Abertzale declara que tal tregua implica la confirmación definitiva su exclusivo liderazgo no violento. O bien, ante la no declaración (con o sin atentados) la IA declara de forma clara e incondicional su desconexión respecto ETA.
El supuesto es bastante probable en cuanto que obedece a una autoevaluación de la relación costes/beneficios de resultados contundentes. La IA sabe hoy que ya no existe ningún beneficio en el mantenimiento del apoyo o tolerancia respecto a ETA. Su desconexión sólo genera beneficios y, además, en todas las dimensiones: fortalecimiento organizativo, legalización, posibilidades de iniciarse un proceso dialogado hacia la autodeterminación, etc. En el caso de ETA una evaluación racional debería llevarles inevitablemente a la tregua. El problema es que ETA a la hora de evaluar tiende a regirse por limitados e irracionales criterios militares, lo que le conduce sistemáticamente al error. En todo caso lo que resulta muy probable es que la IA en septiembre haya tomado la decisión irreversible de la desconexión con ETA (se halle, o no, esta activa).
Esta nueva situación plantea nuevos retos. A partir de ese momento el protagonismo en el proceso pasa a manos del Estado. El debe legalizar o facilitar la legalización de la IA, para así legitimar una nueva situación en la que, en un contexto estable de no violencia, todas la fuerzas políticas entran en la confrontación electoral y eventualmente en un diálogo dirigido al cambio del marco jurídico-político. Sin embargo, en este caso la evaluación del coste/beneficio no conduce a resultados tan claros como en el caso anterior. El actual Gobierno perdería aún más en credibilidad y en perspectivas -¡y en resultados !- electorales, caso de apoyar un proceso de legalización sólo a partir de declaraciones de paz de ETA, o de la IA, o de los dos. La afirmación no merece excesiva discusión. A aquellos que dicen que el Gobierno podría ganar presentándose como aquel que pacificó el País Vasco deberíamos decirles que el mensaje que recibirán, con desagrado, gran parte de sus potenciales votantes será que el Gobierno ha cedido a la presión de los malvados nacionalistas vascos a cambio de una “increíble y falsa” promesa de paz (hablamos del Gobierno… de España ). A tal argumento se añadirá que lo que debe hacer el Gobierno no es legalizar, ni dialogar, ni hablar. Lo que debe hacer es detener y encarcelar para siempre a todos los terroristas y sus amigos. Y el argumento será bien entendido por sus potenciales votantes (insisto: hablamos del Gobierno de…. España) a quienes les importe muy poco la Paz en Euskadi; a quienes lo único que les interesa (y además, comparativamente, no demasiado) es la liquidación del terrorismo. Y punto.
Un panorama así lleva al Gobierno a una evaluación negativa, en cuanto que aparecen como sensiblemente superiores y, sobre todo, mucho mas ciertos, los costes respecto lo beneficios. La situación podría invertirse si se superase el nivel de declaración. Si, por ejemplo, ETA -con o sin acuerdo previo con el Gobierno- iniciase un proceso material y verificable de desmantelamiento.
Esta nueva y previsible situación asimismo conducirá a otras exigencias y sobre todo a otras dimensiones argumentativas a aquellos ciudadanos comprometidos en la lucha por la Paz en Euskadi. A aquellos ciudadanos o grupos sociales que reclamamos un paz permanente, una -a largo plazo- nueva situación política que consolide un escenario de no violencia. Más concreto a aquellos ciudadanos que recibimos el titulo oficial de “bienintencionados que hacen el juego a los violentos”; titulo otorgado por ilustrados políticos y astutos analistas mediáticos.
En ese nuevo y futuro escenario nuestra reivindicación principal debería ser la de la legalización y los argumentos a emplear deberían ser, sobre todo, de carácter principista. En la situación actual -en este escenario que podríamos definir como de pre-septiembre- en la exigimos el cese definitivo del violencia, nuestra demanda va dirigida -y así debe ser- prioritariamente hacia ETA y la IA, y utilizamos argumentos asentados en principios como el derecho a la vida sin exclusiones, la exclusión de la violencia en la confrontación democrática, etc. Pero debemos reconocer que el protagonismo en tales demandas está asumido precisamente por el actor al que va dirigida nuestra reivindicación: la IA. Y en esta organización o movimiento, la argumentación dominante (no la única) tiene carácter estratégico. La evidencia, incluído el muy largo plazo, de la superioridad de los beneficios sobre los costes en el caso del fin de la violencia. Ello implica que hoy nuestro discurso de principios suene como un telón de fondo, como un apoyo ético a una, por otro lado irreversible, opción política estratégica.
Pero mañana, en el escenario post-septiembre, la situación va a exigir que pase a primer plano la argumentación basada en principios. Va a ser el momento de afirmar que, al margen de los problemas tácticos que el Gobierno tenga con su coyuntura, lo que está en juego es una cuestión de justicia democrática. Que resultará democráticamente insostenible dejar fuera de la confrontación política y electoral a movimientos u organizaciones que han manifestado de forma indubitada su no conexión -su rechazo- con formas violentas de acción política. A lo mejor estamos adelantando acontecimientos y ciertamente mas vale seguir presionando para lograr el primer escenario de noviolencia, pero también auguramos que superar ese segundo reto, el de la Otra exigencia democrática, va a exigir un esfuerzo colectivo superior. Veremos.
