José Manuel de Pablos

¿Para qué ha servido desde su aprobación hace más de ocho años la Ley de Partidos? Para ilegalizar a un único partido político, nada más. Es decir, la Ley de Partidos es una ley formulada y aplicada con la única intencionalidad de anular derechos civiles de un muy determinado segmento de la población, un segmento de la población independentista, socialista y que se ha resistido a condenar la violencia de ETA, no así otros tipos de violencia.

Tras la aprobación de la Ley de Partidos por el Tribunal Supremo, Batasuna alzó recurso ante el Tribunal Constitucional, optando éste por respaldar la decisión del Tribunal Supremo de ilegalización de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, quedando únicamente abierta la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en una sentencia que sorprendió a quienes pensamos que es una ley que vulnera derechos, avaló su contenido.

De todos es sabido que las ideologías no delinquen, delinquen las personas, y para las personas que delinquen, el Código Penal ya está provisto de los mecanismos adecuados para actuar en consecuencia. Se puede, y de hecho se hace con cierta frecuencia, más de la deseable, endurecer las penas que estipula el Código Penal para el castigo de los delitos que cometen las personas, y, en una nueva vuelta de tuerca al despropósito que supone ilegalizar un partido político que no condena un determinado tipo de violencia, en el Reino de España el PSOE y el PP, con el apoyo de Coalición Canaria, hacen posible que el esperpento alcance dimensiones inquisitoriales.

Sorprendente, más teniendo en cuenta que el partido ilegalizado ha comenzado a aplicar los principios que permitirían su legalización a través de la declaración Zutik Euskal Herria (pdf) y con ella dar un paso hacia la normalización política en este país.

O no tan sorprendente.