Yuveli Maritza Muñoz, Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos

El inicio del proceso de paz es una posibilidad de solucionar políticamente el conflicto social y armado en el cual se ha visto inmersa Colombia país durante muchos años. Para la inmensa mayoría del pueblo colombiano, en especial para los defensores de derechos humanos que hemos venido luchando de forma imparable por la defensa de los derechos humanos, es positivo. Por fin se puede lograr en este proceso el respeto al Derecho Internacional Humanitario y una salida política y negociada al conflicto interno. De igual manera es una oportunidad de construir un mejor país con justicia social, democracias, paz y soberanía, a través del diálogo y la participación de la sociedad colombiana.

Uno de los mayores retos a los que se tendrá que enfrentar este proceso es el de trabajar por una paz estable y duradera, buscando evitar que se repita este conflicto, protegiendo a la población civil de los efectos del conflicto armado. Habría que buscar un acuerdo de paz que permita poner fin a la confrontación armada, que buscara reconstruir y sanar las heridas dejadas por la guerra de tal forma que se pueda avanzar en un proceso de reconciliación de una sociedad que ha sido fracturada por el conflicto.

Debemos defender, respaldar y proteger el proceso de paz con el fin de no permitir el sabotaje y la descalificación por parte de la derecha reaccionaria, tal y como ocurriera en el pasado.

Así pues, como ciudadanía, hay que propiciar iniciativas al proceso y crear propuestas que apoyen esta negociación con la garantía de que el gobierno nacional y la guerrilla las tomen en consideración para incorporarlas dentro de este proceso.

El papel que debería desempeñar la ciudadanía y la comunidad internacional es rodear la negociación y respaldarla a través de la movilización popular con el fin de aislar a los que se oponen al proceso, evitando las provocaciones o sabotajes. Asimismo conformar un evento nacional e internacional que tenga amplia repercusión en el país y en el exterior para defender este proceso de paz contribuiría a su consolidación.

Paul Ríos Coordinador de Lokarri

Tras el final de la violencia de ETA, y a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre la legalización de Sortu, ya se dan las condiciones para abordar un proceso de paz resolutivo. Dicho proceso de paz está caracterizado por albergar tres procesos distintos. Cada uno de ellos tiene sus propias características, objetivos y sujetos.

El proceso de certificación del final definitivo de la violencia tiene como responsables a los Gobiernos español y francés y a ETA. El proceso de diálogo político tiene como objetivo abordar el inicio de conversaciones para lograr acuerdos que encaucen las profundas diferencias políticas existentes. Finalmente, el proceso de reconciliación social busca, en la medida de lo posible, reparar las heridas, humanizar y poner las bases para convivir desde el respeto.

En este último proceso, de reconciliación social, tanto las instituciones, como los partidos y el conjunto de la sociedad tienen mucho que aportar. La ciudadanía no puede quedar fuera de este proceso. La reconciliación requiere de un cambio de actitudes profundo y transversal para desarrollar una nueva manera de convivir y gestionar los problemas desde la inclusión y el consenso.

Ahora bien, seguramente el mayor riesgo o tentación de no articular espacios para la participación ciudadana está en el proceso de diálogo político. Evidentemente las instituciones y los partidos tienen un papel protagonista en su diseño y desarrollo. También la discreción es, en ocasiones, esencial para generar confianza pero ésta no debe entenderse como un cheque en blanco.

El destinatario de un proceso de paz es el conjunto de la ciudadanía. Ésta debe ser la guía para las propias instituciones. En procesos de paz desarrollados en otros lugares del mundo se pueden observar las negativas consecuencias que acarrea olvidar esta premisa: procesos que no son respaldados por la sociedad en los momentos de crisis; desconexión entre el entendimiento dado en las élites políticas y la permanencia de profundas divisiones sociales; dificultades para la implementación de acuerdos; etc.

No le falta a la sociedad vasca experiencia en el impulso y desarrollo de dinámicas participativas. Este conocimiento puede aportar en dos escenarios muy distintos: 1) ante un bloqueo en la consolidación de la paz, o ausencia de diálogo entre los partidos, la participación ciudadana puede alentar el diálogo y, al mismo tiempo, ir generando propuestas de avance, y 2) en un escenario de diálogo impulsado por las instituciones, la ciudadanía puede acompañar siendo consultada sobre los consensos que se generen en las conversaciones entre los partidos.

Más allá de este aspecto de contribución al proceso de consolidación de la paz, el fomento de la participación ciudadana también puede ser la herramienta necesaria para crear los espacios de seguridad, confianza y colaboración que permitan generar puentes entre las sensibilidades políticas que hasta ahora han permanecido incomunicadas. Es especialmente relevante el trabajo que se pueda hacer a nivel local. Este es el camino para ir generando un tejido de complicidades que permita afrontar el futuro desde el respeto y la capacidad de entender lo que significa la propia pluralidad de la sociedad vasca.

José Manuel de Pablos

Ayer acudí a la manifestación de Bilbao convocada bajo el lema “No a la prohibición de manifestaciones. Ninguna imposición, ninguna violencia. Sí a los derechos humanos, civiles y políticos”. Mi valoración general sobre el desarrollo de la misma es muy positiva, exceptuando los momentos en los que un numeroso grupo de personas aprovechó el momento para proferir consignas con las que podía estar de acuerdo o no, pero que estaban totalmente fuera de lugar. Si hay que reclamar la independencia y una amnistía se convoca un acto explícitamente para ello y se grita lo que haya que gritar. Eso en el caso de que la autoridad pertinente “tenga a bien” permitir el desarrollo de una manifestación que reivindique tales pretensiones.

No a la prohibición de manifestaciones. Los ejemplos que podía utilizar para justificar la necesidad de convocar una manifestación que reclame el derecho legítimo de la ciudadanía a manifestarse son varios, y no hace falta ir muy atrás en el tiempo. Ayer, una nutrida representación de esa ciudadanía volvió a dar ejemplo de que es posible manifestarse sin causar grandes inconvenientes, siempre que las autoridades públicas renuncien a la coacción y la prohibición y siempre que la policía se limite a realizar funciones que no vayan más allá de garantizar los mínimos transtornos posibles en la jornada para las personas ajenas a las manifestaciones. Y no olvidemos que las distintas policías son un cuerpo al servicio de las autoridades públicas, por lo que la responsabilidad máxima siempre corresponde a estas.

Ninguna imposición, ninguna violencia. No soy ningún experto en anális políticos y sociales, y no quiere perderme en fundamentos filosóficos, que tampoco domino, sobre la pregunta “¿que es imposición? y ¿qué es violencia”? Considero que la mayoría de la población debiera saber discernir entre estos aspectos, y saber, aunque solo fuera de manera intuitiva, cuando se producen cualquiera de estos hechos. Algunas situaciones de este tipo las tenemos todos claras: matar a un ser humano es violencia, torturar a un ser humano es violencia; querer mantener determinado status político es imposición, negarse a desaparecer de la escena contraviniendo los deseos de la mayoría de la ciudadanía es imposición. Ayer decenas de miles de personas se manifestaron en contra. Que tomen nota quienes están obligados a hacerlo.

Sí a los derechos humanos, civiles y políticos. Para que una sociedad pueda desarrollarse libremente es fundamental que esté amparada por unos mínimos que, de forma paradójica, raramente se dan de manera conjunta en las llamadas “sociedades libres”. Toda sociedad que no respete y ampare al individuo de manera particular, y a la propia sociedad de forma conjunta, es una sociedad enferma. Atajar una enfermedad requiere de un tratamiento específico, y la primera premisa de este tratamiento pasa por la educación. Dificilmente respetaremos al adversario como ser digno de respeto si no tenemos asumido que este principio es válido para tod@s y en todo momento. Dificilmente podremos pedir respeto a nuestros derechos si previamente no respetamos los derechos de los demás. Dejemos de buscar causas para “defendernos de los ataques del adversario” y empecemos a buscar causas para “convivir de forma pacífica con el adversario”.

 Foto: Gara