Un nuevo período histórico
16.05.2011 (10:29 am)
Bueno, pues se acabó. Desde la medianoche del jueves de la semana pasada con la legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional, se abre una nueva fase política en nuestro país. Un nuevo período histórico. Ya sé que suena muy contundente, muy tremendo. Pero, sin exagerar, creo que es bastante cierto.
Hagamos un ejercicio de memoria y preguntémonos cómo hemos estado durante al menos los últimos 30 años, representando la política. Permanentemente, a través del marco de la violencia. Lo que percibíamos -o lo que decidieron que debíamos percibir- era que la política en su dimensión más espectacular era, no quizás prioritariamente, pero sí sistemáticamente, lo que ocurría en relación con la violencia. Lo que hacía ETA, lo que hacían lo políticos en relación con ETA. Las decisiones políticas que se proponían o tomaban (algunas especialmente relevantes) estaban marcadas u orientadas por la violencia de ETA. Sin duda, desde el inicio de los 2.000s esa dependencia, objetivamente, desapareció. Pero medios y políticos seguían persistiendo en transmitir esa imagen. La violencia de ETA marcó nuestras vivencias -nuestras opiniones- políticas cotidianas. La existencia de ETA “contaminó” (ahora sí resulta real esa expresión) nuestra visión y nuestras preferencias políticas. Y en muchos casos, sobre todo reactivamente, nuestra acción política.
En los últimos años un nuevo acontecimiento conectado, al menos en origen, a la violencia de ETA refuerza esa dependencia en nuestra mirada y actitud frente a la política. La ilegalizacion de la Izquierda Abertzale introduce, además, la dimensión demócratica en ese escenario marcado por la violencia, reforzando su politización. Ello con la percepción social de que con la ilegalización se estaban vulnerando determinadas pero esenciales exigencias democráticas. En los últimos años la violencia todavía influía en los marcos de comprensión, interpretación y posicionamientos políticos ciudadanos, y al mismo tiempo la exclusión política de una significativa parte de la población generaba desasosiego democrático. Nos representaba el quehacer político -o sin más, la política- como seriamente herida en su flanco democrático.
Bueno, pues todo eso se acabó.
Entramos en una nueva fase donde ETA ha dejado de ser un acontecimiento político. Los partidos e instituciones políticas propondrán y tomarán decisiones políticas, sin conexión ni referencia -ni siquiera retórica- alguna, respecto a la violencia de ETA. Y por supuesto, todos lo partidos y organizaciones políticos entrarán en el juego electoral y la acción política pública. En síntesis, de ahora en adelante cuando se hable de política, solo se hablará y discutirá de cómo gestionar mas adecuadamente, o más útilmente, o también para algunos, más justamente, los intereses colectivos de nuestra comunidad nacional.
Supongo que he exagerado un poco. El corte, la ruptura, no es, por supuesto, ”limpia”. Vamos a seguir viviendo las consecuencias de los sucesos del pasado y el futuro nos plantea retos provenientes de ese mismo pasado.
En primer lugar, queda pendiente el proceso de desaparición de ETA como organización armada y el conectado asunto de la pacífica reincorporación de sus presos y militantes a la sociedad. No parece nada probable que una no solución o mala solución de este asunto provoque una involución, una vuelta al viejo escenario. Pero obvias exigencias de justicia obligan a impulsar la solución del tema.
Un asunto pendiente de mas envergadura es el que hace referencia a la cuestión de la reconciliación y convivencia. Por el momento quizás se puedan apuntar algunas exigencias mínimas. Mas allá de los procesos de reconciliación locales, aquellos en que específicos grupos de víctimas y victimarios tratan de lograr momentos de reconciliación, la sociedad vasca en su conjunto debería lograr un actitud general en la relación con el otro, basada en el reconocimiento y tolerancia, en la que quedase constitutivamente excluida el uso de la violencia y la amenaza de la misma. Para ello parece necesario que, también de forma generalizada, surgiese un declaración compartida -sobre todo de ETA y quienes en mayor o menor medida la apoyaron, pero también del Estado- en al que se reconozca la injusticia del dolor causado y el compromiso de no volver al andadas.
Desde la perspectiva de lo retos políticos, no hay que dejarse deslumbrar por el asunto de la legalización. Esta, sin duda, supone una recuperación de un importante derecho democrático. Pero con o sin legalización, la democracia en Euskadi sigue teniendo muchas insuficiencias y vulneraciones de derechos humanos, como la tortura por ejemplo. Y sigue sin concederse el ejercicio del derecho democrático a decidir sobre si queremos (o no) un nuevo y sustancialmente no dependiente marco de autogobierno. O sea que, al loro.
Y para acabar sería bueno reflexionar sobre cómo el circo de las sentencias judiciales, jaleado por medios y políticos miserables, ha incrementado -más bien impulsado- en Euskadi la cultura política de lo que podríamos llamar el independentismo republicano. Pero eso es otra historia.











