Ion Andoni del Amo

La firma por parte del colectivo de presos políticos vascos (EPPK) del Acuerdo de Gernika casi coincide en el tiempo con la sentencia del caso Bateragune. Un importante paso adelante, reconocido de forma casi unánime, por un lado, junto al bloqueo por otro. Un retrato de la situación.

La afirmación de Cándido Conde-Pumpido sobre el carácter de la sentencia como “jurídica y no política” y que “contribuye al avance hacia la paz” resulta tan cómica como aquello de “profesional y proporcionada” en boca de Ares sobre el desalojo de Kukutza. Y plantea la pregunta: ¿en qué anda el Estado?

¿La superación de la estrategia de la ilegalización?

La noticia de la legalidad de Bildu para las elecciones del 22M, acogida con entusiasmo en una multitudinaria e histórica sentada popular en el Arenal bilbaíno y en Iruñea, parecía marcar un punto de inflexión. Independientemente de que la secuencia pudo ser la prevista, rechazo en el Supremo y aceptación en el TC, el grado de conmoción en la sociedad vasca causado por el rechazo perpretado por el TS desbordó a casi todos. En apenas una semana, se organizaron movilizaciones y se multiplicaron los pronunciamientos a favor de unas elecciones democráticas con participación de Bildu, desde el rectorado de la UPV-EHU a CC.OO de Euskadi, pasando por el PNV o numerosas voces del PSE, Patxi López incluido. Quizás todavía no totalmente amortizada en España, la estrategia de la ilegalización aparecía como de complicada viabilidad en Euskal Herria.

¿Significa esto el fracaso y fin de la estrategia de la ilegalización? Sí y no, probablemente. Quedan cuestiones pendientes, como el caso de ANV o la decisión sobre Sortu. Pero parece que en su caso más extremo, la alteración del mapa electoral, su aplicación en el nuevo escenario abierto en Euskal Herria parece muy complicada social y políticamente. Más aún tras los contundentes resultados de Bildu. Incluso, en una España al borde del colapso económico, su rédito electoral para PP y PSOE parece en vías de amortización.

Ahora bien, la legalización de Bildu parece interpretarse en la sociedad vasca más como una victoria de la movilización popular que como una aportación desde el Estado al proceso de paz. Lectura que parece reforzar el hecho de que desde el Estado no se renuncia a la utilización política de la estrategia de la ilegalización. Aunque el coste social y político de la ilegalización directa parece inviable en Euskal Herria, sigue utilizándose, más allá de las sentencias prefabricadas, para intentar crear contradicciones en el seno de la izquierda soberanista –la incertidumbre sobre Sortu y sobre los miles de candidatos vetados– o para intentar ‘disciplinar’ a Bildu bajo la amenaza de ilegalización.

La acumulación de izquierda soberanista y la disputa del relato

Los resultados electorales del 22M supusieron un auténtico terremoto político. La estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas, con el impulso de las movilizaciones por la legalización, batía records históricos para el soberanismo de izquierdas. Una fotografía que dejaba más en evidencia la artificialidad del parlamento de Gasteiz: el acuerdo de gobierno PP-PSOE apenas alcanzaba el 30% en unas elecciones medianamente democráticas.

La incorporación de Aralar, tras los resultados del 22M, al bloque de izquierda soberanista de cara a las elecciones españolas del 20N, además, agudiza dos líneas de disputa política. La primera, respecto a la hegemonía en el mundo abertzale: el PNV apenas resistía a Bildu haciéndose fuerte en el gran Bilbao. El partido jeltzale continúa reivindicándose como el cauce central pero, a diferencia de otros tiempos, ya no aspira a arrastrar por ambos lados, sino a mantener un precario equilibrio sin caer al vacío por ninguno, especialmente por el lado abertzale. A tal objeto se ha visto obligado a sacrificar la Diputación de Gipuzkoa y numerosos ayuntamientos. La suma de Bildu y Aralar, Amaiur, aísla al PNV en el conjunto del abertzalismo y aspira seriamente a convertirse el 20N en la fuerza más votada en Euskal Herria, lo que ha desatado el nerviosismo y las estridencias en el ahora Partido Nacional Vasco.

La otra línea de disputa, más de fondo, se sitúa en ese campo actualmente tan importante, como señalase Christian Salmon, cual es el del relato. Es el relato sobre el proceso de paz el que está en juego. La unilateralidad del proceso, que permite mantener la iniciativa política, y la fuerza electoral de la suma de izquierda soberanista, han encendido para muchos las alarmas y el temor a que sea este bloque el que elabore el relato. Iñigo Urkullu fue explícito, con cierta desesperación y acritud, en el Alderdi Eguna, al señalar que “este país no le debe nada a la izquierda abertzale”. También está muy presente en círculos de la derecha española, bajo la formulación de la ‘derrota política del terrorismo’. Esta disputa, amén de inercias,parece estar también en el fondo de la utilización de la ilegalización o en la sentencia del caso Bateragune; se trataría de que una eventual decisión de Euskadi Ta Askatasuna fuera vista como consecuencia de la presión policial y judicial, y no sea capitalizada por la izquierda soberanista. En otra versión más sutil, la misma disputa impulsa las apelaciones a un ‘relato compartido sobre lo sucedido’ y ‘una lectura crítica del pasado’; porque una cosa es el reconocimiento del dolor y de las víctimas, necesario en un proceso de paz, y otra muy distinta un relato compartido, que requiere tiempos más largos, y que muchas de las veces ni es posible ni necesario. Lo que está en juego en todos los casos es esa disputa política por el relato y, en concreto, una disputa frente a un pujante bloque de izquierda soberanista.

¿Hacia la confrontación democrática?

La existencia de diferentes relatos, que se disputan hegemonías y adhesiones, no resulta –decíamos cuando criticábamos las apelaciones a un relato compartido– necesariamente negativo. Entra dentro de la dinámica social y democrática. Lo que ocurre en este caso es que no todos los recursos empleados son democráticos (la estrategia de la ilegalización y las sentencias políticas) y, además, tratan de bloquear los avances hacia un escenario de paz integral.

En este contexto, la estrategia del bloque de izquierda soberanista parece clara. Por un lado, seguir avanzando con nuevos pasos, que pongan más en evidencia las estrategias de bloqueo. Por otro, una estrategia de estabilización en las instituciones, que le permita ahuyentar el discurso del miedo que ya ensayaran PP, PSOE y PNV (“se paralizará el país”) y seguir acumulando adhesiones hasta disputar y ganar las elecciones autonómicas. La acción más puramente reivindicativa y simbólica, así, podría trasladarse al marco del parlamento español con Amaiur, al tiempo que Bildu se blindaría en trasladar estabilidad y una gestión de izquierdas. A ello habría que sumar una actividad constante de movilización y activación social.

Pero si, transcurrido el periodo de estabilización y disputa de la hegemonía que lleva a las autonómicas, la situación de bloqueo persistiese, además de la movilización popular, probablemente habría que activar las mayorías institucionales conseguidas y confrontarlas democráticamente a esa estrategia de bloqueo. Y ese escenario también habrá de prepararse con antelación, porque la paralización, atrapamiento u homologación de la izquierda soberanista en el entramado institucional es también otra cara de la disputa y de la estrategia del bloqueo.

Ignacio González Orozco, escritor y editor

Hace pocos días, uno de mis contactos en Facebook, simpatizante notorio de la corriente mayoritaria de la izquierda abertzale (en adelante IA, por usar una sigla ya generalizada), me comentaba su rechazo a la violencia de ETA. Recupero sus propias palabras: “Hoy por hoy la lucha armada no sirve para nada”.

Como las interpretaciones son siempre capciosas, intentaré abordar literalmente el anterior aserto. Su análisis semántico alude a un tiempo concreto, el presente, que sugiere una comparación negativa con respecto a un pasado; también acusa de nula utilidad a una actividad determinada, la lucha armada. En sentido estricto, esta oración no incluye ninguna consideración de orden moral sobre dicha actividad. Y añadiría yo, aun entrando en el terreno de la suposición, que la frase se refiere a una conveniencia política e histórica dada. No se cuestiona, colijo, la moralidad de la lucha armada, sino su efectividad en función de resultados. La crítica formulada sólo es de tipo técnico, pues no va más allá –o no parece hacerlo– de un análisis puramente utilitarista.

Aquel breve post de Facebook me llevó de nuevo a meditar sobre el protagonismo que en este proceso de paz está jugando –o no– la reflexión ética y su influencia real, tanto en el caso de los antiguos dirigentes de Batasuna que impulsaron Sortu como de la gran mayoría, identificada con la IA, de los 313.000 votantes que respaldaron a Bildu en las elecciones de mayo de 2011.

En opinión de los partidos constitucionalistas (PP, PSOE), la estrategia política de Sortu y Bildu obedece a los presupuestos utilitaristas recién sugeridos: una vez derrotada la lucha armada, aseguran, el rechazo a la misma viene obligado por la necesidad de salir de la ilegalidad. A la fuerza ahorcan, dice el refrán, por lo que la corriente mayoritaria de la IA se agarra como puede a su oportunidad de supervivencia, sin abandonar el original respaldo a ETA. Sin embargo, la cuestión parece más compleja a otros espectadores del proceso de paz, quienes sostienen que el viraje político respaldado por la masa social de la IA no carece de planteamientos éticos, dicho sea sin caer en estadísticas ficticias y aun reconociendo que buen número de votantes de este cuerpo electoral sigue anteponiendo las consideraciones coyunturales. Leer toda la entrada

Paco Letamendia, profesor de la UPV-EHU

El acceso a la hegemonía de la izquierda abertzale pasada la página de ETA o a punto de pasarla ha dejado de ser una cuestión teórica para plantearse en el terreno práctico.

Conviene pues reflexionar sobre la hegemonía. Esta no consiste en la suma de votos, sino en un cierto liderazgo intelectual y moral. No significa imposición, sino capacidad de persuasión sobre ideas y proyectos en la sociedad en su conjunto, incluyendo a quienes defienden intereses y proyectos contrarios: proceso erizado de dificultades que excluye toda autocomplacencia.

Describiré pues los pasos a dar para construir la hegemonía, con la heterodoxia consciente de quien, aunque simpatiza con los proyectos de Bildu y Sortu, no forma parte de ninguna de sus estructuras orgánicas.

Izquierda abertzale, Aralar, Nafarroa: La fórmula feliz de Bildu amplía en el plano simbólico los dos elementos de la izquierda abertzale: el elemento abertzale a través de Eusko Alkartasuna, el de izquierda con Alternativa. Pero queda por reconstruir el tronco central de la izquierda abertale; lo que exige resolver el tema de Aralar, y finalmente, el de la política vasca en Nafarroa.

Tras los pobres resultados de Aralar en la Comunidad Autónoma hay quien juzgará innecesaria tal operación. Pero la hegemonía no es un tema de suma de votos, sino de convergencia de entidades. La fórmula organizativa que se elija para la reconstrucción es lo de menos; lo que importa es el proceso y la imagen de unidad.

Pero en este tema hay factores que van más allá de lo simbólico y que afectan a temas tan centrales como es la dimensión territorial de la política vasca. El problema de Aralar es el problema navarro. Si no se aborda esta cuestión por sectarismos recíprocos, podemos asistir a la bifurcación de dos abertzalismos, uno vascongado bildutarra y otro navarro aralarizado y nabaitarra. ¿Puede ser oportuna la presencia de dos fuerzas abertzales en el territorio navarro, repartiéndose distintas clientelas y alianzas? Tal vez; siempre que sea de común acuerdo, sin luchas fratricidas y con una estrategia previamente acordada.

Sortu: la izquierda abertzale, y ésta es una cuestión de simple democracia, precisa el pleno acceso a los derechos civiles y políticos de quienes son sus dirigentes ilegalizados. Pero también lo precisan los españoles: aquellos están liderando el movimiento hacia la solución democrática, y como todo el mundo sabe, su presencia es imprescindible para pasar definitivamente la página de ETA. Todos los procesos políticos de calado han tenido por otra parte un interlocutor central; la permanencia en la cárcel Arnaldo Otegi es hoy un escándalo surrealista y sangrante.

PNV: Como la acción armada ha dejado de ser como un elemento de la acumulación de fuerzas (fue siempre así en la práctica, y ahora lo es en el discurso), la acumulación sólo puede extenderse en la dirección del nacionalismo vasco en su conjunto, como un pacto o programa común entre las dos familias, PNV e izquierda abertzale. Es esto lo que ocurrido en procesos de liberación nacional como el de Irlanda del Norte, en forma de acuerdo SDLP-Sinn Fein. Lo que supone finalmente dos procesos de construcción de la hegemonía: el del nacionalismo vasco en su conjunto, y el de cada una de las familias, siendo pues compatible con la competencia entre sí de estas para conseguirla. Leer toda la entrada

Iñigo Lamarca, Ararteko

La publicación del artículo “Tiempos históricos” en diversos medios escritos (se mandó a todos los que se editan en la CAPV o tienen ediciones específicas para Euskadi), artículo en el que abogábamos, en base a un razonamiento jurídico ligado a la defensa de los derechos fundamentales en juego, por la legalización de Sortu, marcó claramente la posición institucional del Ararteko en una materia controvertida y sensible. Si bien el cometido principal de la oficina que dirijo es atender y analizar las quejas y las consultas que nos plantean los ciudadanos y ciudadanas, ello opera, según reza nuestra ley reguladora, en el amplio marco de la defensa de los derechos reconocidos en el título I de la Constitución en calidad de alto comisionado del Parlamento Vasco, lo cual implica la realización de actuaciones que sirvan a la referida finalidad.

La decisión de una amplia mayoría del sector social identificado con los postulados políticos de Batasuna de generar una nueva dinámica socio-política que fuese incompatible con la violencia de ETA (decisión que se materializó en el documento ‘Zutik Euskal Herria’ que fue aprobado tras un arduo debate) se tradujo en la solemne declaración que los dirigentes de la mencionada formación política Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin hicieron en el palacio Euskalduna el pasado 7 de febrero. Posteriormente, se presentó una nueva formación política, Sortu, llamada a sustituir a Batasuna, formación que, tanto en las manifestaciones públicas de sus representantes como en las disposiciones de sus Estatutos, expresaba su rechazo a la violencia de ETA. Este hecho de enorme significado y trascendencia histórica no podía ser obviado por el Ararteko que, en múltiples ocasiones se había manifestado radicalmente en contra de la organización terrorista por razones éticas basadas en el respeto a los derechos humanos. Lo que durante tanto tiempo habíamos anhelado estaba ocurriendo: el sector social que había alimentado la existencia y persistencia de ETA abogada por su desaparición. Es cierto que la citada organización, que tanto horror y vulneración de derechos ha ocasionado, aún no ha desaparecido pero no es menos cierto que sus días muy probablemente están contados en tanto en cuanto su base social la rechace. No me corresponde analizar o especular sobre las razones que han impulsado a la izquierda abertzale tradicional a adoptar tal histórica decisión. Lo importante es que, a tenor de numerosas declaraciones y pronunciamientos, la decisión parece que es definitiva e irreversible, y ello puede contribuir decisivamente a que un nuevo tiempo histórico se abra paso en Euskadi.

Un nuevo tiempo histórico en el que la aplicación de la Ley de Partidos, al albur de las nuevas circunstancias, debería conducir a la legalización de Sortu (como lo sostuvo una minoría muy significativa de la Sala competente del Tribunal Supremo) y a permitir la concurrencia de la coalición Bildu a las elecciones, como al final determinó el Tribunal Constitucional.

En el nuevo escenario que se está gestando a trancas y barrancas hay elementos que pueden contribuir a que avancen decisivamente la paz y el respeto a los valores, principios y derechos democráticos, pero también se avizoran no pocas dificultades y obstáculos. En el nuevo escenario histórico tienen que estar muy presentes los derechos a la verdad, memoria, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, de ETA y de los demás grupos terroristas que han operado en Euskadi. También los de las otras víctimas de excesos policiales, torturas etc. habidas, según expresión del propio Parlamento Vasco, en un contexto de motivación política. Los grupos que componen el Legislativo de Euskadi han hecho un magnífico trabajo creando, de manera consensuada, disposiciones legales y herramientas de políticas públicas que resultarán tremendamente útiles para avanzar en el nuevo escenario. En todo caso, los valores éticos de respeto a los derechos fundamentales de la persona deberán ser el cemento necesario para construir una nueva Euskadi asentada en los cimientos de la paz, la diversidad, la justicia y la memoria de las terribles vulneraciones de derechos y sus víctimas, donde todas y cada una de las personas que integran la sociedad vasca encuentren un lugar digno y equitativo en la misma.

Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau

Es precisamente ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no permitir a Sortu presentarse a las próximas elecciones, cuando vemos más claramente los peligros de la Ley de Partidos. La nueva ley nos fue presentada como una herramienta para proteger a la democracia. Pero, la reiterada insistencia en el discurso de las excepciones, al final, siempre conduce a eso: a reducir y dañar seriamente el juego democrático y la pluralidad social y política. Y, tal como se ve, al final esas decisiones tan importantes se toman más en función de estados de ánimo o voluntades políticas que por un análisis estrictamente jurídico.

Pero, más allá del debate legal y de la reflexión sobre la profundización democrática, hay algo que encuentro paradójico en el debate que hemos vivido estas semanas previas y, ahora, con la noticia de la decisión del TS he vuelto a comprobar. Parece que la gente más distante de la izquierda abertzale y más desconfiada con su apuesta, están contentos por la decisión del TS. En cambio, la gente más cercana se muestra descontenta y apesadumbrada.

Obviamente, en parte es lógico. Pero, en el fondo, es más bien al revés. Porque, a veces las cosas no son lo que parecen. O generan consecuencias contrarias a lo que se pretende. Veamos:

-impidiendo la presencia electoral de Sortu, se transmite la sensación que el problema no es la violencia sino el proyecto o, en este caso, los orígenes del proyecto. Con la ilegalización, los discursos más duros y victimistas de los sectores refractarios al cambio de estrategia podrían verse reforzados y así, poner más dificultades al proceso de desvinculación de la izquierda abertzale respecto a la violencia.

-En cambio, si Sortu hubiera sido legalizado, la presión ciudadana, social, política y mediática sobre todo lo que hubiera dicho o dejado de decir Sortu y, claro está, en el caso que ETA hubiera vuelto a la violencia, hubiera sido brutal. En el fondo, la legalización era la mejor prueba para asegurarse que el viraje de la izquierda abertzale iba en serio y casi un seguro que evitaba su vuelta atrás.

Tras la presentación de los estatutos de Sortu, ¿crees que debe ser legalizada? ¿Qué opinión te merece el hecho de que el Gobierno haya impugnado su legalización? ¿Qué papel pueden desempeñar los facilitadores internacionales hacia un un proceso de paz en Euskal Herria?

Estas son algunas de las preguntas del nuevo cuestionario del Observatorio Social del Proceso de Paz que Lokarri te anima a responder para que colabores impulsando un nuevo proceso de paz. Con todas las respuestas obtenidas Lokarri elaborará un nuevo informe sobre la situación hacia la paz. El plazo para responder finaliza el 16 de marzo.

¿Quieres saber qué opinan Carlos Taibo, Rafaela Romero, Antton Lafont, Pello Zabala, Mikel Urdangarin, Jon Maia, Arantza Fernández de Garayalde, Teresa Aguiló, Txema Ramírez de la Piscina, Jabier Muguruza, Alain Coloma y Mikel Arana sobre el tema de la legalización de Sortu? El último número de H@aritu te ofrece sus opiniones. Además, en la revista de Lokarri encontrarás otros contenidos como: un repaso a los últimos acontecimientos relacionados con el proceso hacia la paz (presentación de los estatutos de Sortu, manifestación “Hacia la paz, legalización”, plan de trabajo del Grupo Internacional de Contacto); información sobre “Pluja seca”, documental en torno a la labor de los mediadores internacionales en el País Vasco; un resumen del análisis realizado por Gorka Espiau bajo el título “Los procesos de paz en el País Vasco y en Irlanda del Norte; un enfoque comparado” y el post de Roberto Cacho escrito para este blog con motivo de la presentación de los estatutos de Sortu.

Alain Coloma Jiménez, Relaciones Públicas y Político Socialista

• Resumen extraído del siguiente artículo: http://alaincoloma.blogspot.com/2011/02/paz-por-paz-de-donde-venimos-para-poder.html

Respecto a todos los focos desde los que se puede abarcar el tema “proceso de paz”, he decidido hacerlo desde el repaso a los tres momentos que, en mi opinión nos llevan a hoy mismo: a la declaración de la IA de rechazar el terrorismo de ETA, y la fundación de un partido que no sólo lo rechaza, sino que plantea expulsiones para quien contravenga ese principio. Ese presente, a día de hoy no es nada más que eso, pero nos muestra un horizonte de esperanza para el objetivo final de toda lucha antiterrorista: y es que el terrorismo desaparezca.

1.- Ley de Partidos

Sé que para muchos lectores de este blog, la Ley de Partidos es una aberración antidemocrática que nunca debió existir. Yo parto de la base de que no sólo era necesaria, sino que además no es antidemocrática en tanto en cuanto el Tribunal que representa a 27 democracias tipo, lo dio como válido. Y lo que daba como válido, era un sistema en el que se impedía que cualquier organización se presentase a unas elecciones teniendo vínculos con una banda terrorista.

Y era una Ley necesaria, para conseguir en 10 años, un paso que a la izquierda abertzale le hubiera costado dar infinitamente más. Basta un violento, basta un partidario por la violencia, para que cuando se debate entre sí seguir por una estrategia violenta o sólo por la estrategia política, se imponga la primera.

2.- Proceso de paz de 2006

Yo creo que hoy no se entiende el actual proceso de paz sin el anterior, e incluso me atrevería a asegurar, que son el mismo proceso, aquel que se nos anunciaba como “largo, duro y difícil”.

El futuro estaba bien planteado, un futuro sin ETA. La necesidad de diálogo estaba bien planteada, diálogo entre diferentes. Y un largo etcétera esperanzador.

¿Qué es lo fundamental que falló en aquel proceso que tan bien diseñaron políticos nacionalistas, socialistas y abertzales y que le diferencia por cierto de este? Que el resultado de ese proceso, había sido la buena intención de las élites políticas de unos partidos políticos, de manera que cuando ETA, presionando como había decidido presionar (incluso con un de Juana Chaos que hasta entonces había marginado) vuelve a imponer con facilidad, mediante una bomba, el criterio abertzale de no volver a apostar por los votos. Leer toda la entrada

Mañana, martes 15 de febrero, a partir de las 10.30 h. de la mañana, se podrá seguir en directo a través de este blog la rueda de prensa en la que el Grupo Internacional de Contacto, presentado hoy en Bilbao, explicará su plan de trabajo para  facilitar, agilizar y posibilitar el logro de la normalización política en Euskal Herria.

El mismo día de la presentación de los estatutos de Sortu, la nueva marca política promovida por la Izquierda Abertzale ilegalizada fue objeto de debate en el programa “Plató 2.0″ de EITB. En esta ocasión, los invitados fueron Paul Ríos, Coordinador general de Lokarri, y Teo Uriarte, miembro de la Fundación para la Libertad. Te invitamos a ver el vídeo del programa: