Iñigo Lamarca, Ararteko

Orain urte erdi, abenduaren 15ean hain zuzen, Javier Elzok Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren 2009ko saria jaso zuen, Donostiako Miramar jauregian izan zen ekitaldi eder batean. Maila handiko epaimahai batek −askotarikoak eta independenteak− aukeratu zuen egunetik egunera ospe handiagoa duen intelektual hori. Goi mailako hitzaldia irakurri zuen, eta hitzaldi hura hedabideen artean nabarmendu ez bazen ere, aretoa bete zuen jendeak eskuak mintzerainoko txalo zaparrada eskaini zion.

Gaurkotasun izpirik galdu ez duen hitzaldi hartan, hizpide izan zituen bakea, bizikidetasuna, zentzuzko elkarrizketa, bidegabekeriei ordaina ematea, egia historikoa eta memoria, biktimak eta biktima-sortzaileak, adiskidetzea eta abar, eta, nire ustez, giltza nagusiak aipatu zituen Euskadin, pixkanaka, gizakien biziak eta oinarri-oinarrizko eskubideak suntsitu dituzten izugarrikeriei ausardiaz eta prestutasunez begiratuko dien gizartea eraikiz joan gaitezen. Neure egin ditut haren azalpenak, eta lehen pertsonan adieraziko ditut, itzal handiko beasaindarraren atzean ezkutatu gabe.

El Parlamento Vasco dio un paso de gigante cuando aprobó en junio de 2003 una Proposición No de Ley, por una abrumadora mayoría, para impulsar una serie de iniciativas dirigidas a las víctimas de los grupos terroristas que han operado en Euskadi. Una de esas iniciativas se plasmó en la ley 4/2008 de reconocimiento y reparación de las víctimas aprobada por PNV, PSE, PP, Aralar, EA y EB, que constituye una formidable herramienta, por su magnífico contenido y por el valor del consenso, para avanzar hacia un escenario en el que las víctimas de todos los grupos terroristas (no hay duda, como lo decíamos en nuestro informe, de que los destinatarios de la ley son todas ellas) vean plenamente reconocidos sus derechos a la verdad, memoria, dignidad, reparación y participación, al tiempo que se profundiza en la deslegitimación de la violencia terrorista y en la asunción de los valores democráticos basados en el respeto a los derechos humanos. Nos urge que ETA desaparezca y con ello la amenaza de muerte que pesa sobre decenas de miles de personas, pero al mismo tiempo debemos hacer un esfuerzo notable por avanzar en el reconocimiento y reparación de las víctimas de los demás grupos terroristas (BVE, GAE, GAL etc.), que han estado –y siguen estándolo- bastante olvidadas.

La convivencia democrática deberá estar basada en Euskadi, para que sea sólida y justa, en el tándem formado por la vigencia plena de los valores democráticos, de una parte, y de otra el reconocimiento de los derechos anteriormente referidos de las víctimas de los terribles episodios de violencia que han asolado nuestra en las últimas décadas. En este sentido, debemos significar que el franquismo no ha saldado aún sus deudas, y las víctimas de la brutal dictadura esperan el turno para que la verdad y la justicia salgan por la puerta grande de la democracia.

Otro colectivo que aguarda su momento es el constituido por las víctimas de las torturas y malos tratos. y de los excesos policiales. La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco aprobó, justo una semana después del discurso de Elzo, una Proposición No de Ley sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política y lo hizo por unanimidad, instando al Gobierno Vasco a que presente un informe en el plazo de seis meses. Hay que recordar que la dirección de derechos humanos del anterior Ejecutivo ya realizó un estudio que recogía las vulneraciones de derechos y las víctimas producidas por la práctica de la tortura, las penas de muerte dictadas por Franco, la acción de grupos parapoliciales y ultras, las desapariciones y las personas muertas y heridas por intervenciones policiales (mención expresa merecen a este respecto los terribles sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz).

Abordar todas las cuestiones señaladas y conseguir lo antes posible la desaparición de ETA. así como la implantación plena de los derechos de las víctimas de los cuatro grupos referidos, no será tarea fácil, de ninguna de las maneras, y habrá que trabajar con inteligencia, con tesón y procurando consensos políticos y sociales lo más amplios posibles, pero en cualquier caso hay razones fundadas para la esperanza y el optimismo. Con la directriz del imperio de los derechos humanos y con mucha humanidad, como decía Elzo, lo conseguiremos.

Gorka Ruiz, director de Bakeola

Decía Gandhi que “el fin está en los medios, como el árbol en la semilla”.

Estos días estamos asistiendo a un intenso debate en los medios de comunicación en torno a la reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos.

Hablando de Educación para la Paz debemos garantizar una coherencia entre el medio para lograrla y la finalidad que se persigue. De no ser así, podemos caer en una contradicción difícil de sostener y que estaría apoyada sobre pies de barro, pues aquello que se defiende es obviado en sus medios.

Me animo a lanzar algunas propuestas para construir juntos el camino que tenemos por delante…

…definamos un proceso de trabajo cuidado para elaborar el Plan.

…en el que se aborden las cuestiones políticas y pedagógicas de manera complementaria y equilibrada.

…que cuente con una amplia participación de las instituciones, el sistema educativo, las organizaciones sociales y los partidos en las diferentes fases del proceso.

…con los medios de comunicación en un segundo plano (al menos en un inicio).

…que valore el trabajo ya realizado …un proceso que cuide la dignidad de las personas y colectivos antes, durante y después del Plan.

…un proceso sereno, sin prisas y tejido con responsabilidad.

La tarea de construir juntos, las políticas de educación para la paz y los derechos humanos, lo requiere.

Hago mía la petición en la que los colectivos de victimas del terrorismo instan al conjunto de los partidos políticos a consensuar el texto del Plan con el mismo espíritu que presidió el debate de la Ley de Reconocimiento y Reparación.

Las victimas, las organizaciones sociales, la comunidad educativa, y el conjunto de la sociedad lo agradeceremos.

Mientras tanto seguimos plantando semillas en un bosque complejo, sin perder la esperanza de que educar para la paz en nuestra tierra es posible.

Jordi Armadans, director de  Fundació per la Pau

Tenía previsto enviar un post sobre otra cuestión pero me parece imposible no dedicarlo a la absolución por parte de la Audiencia Nacional de los cinco responsables de Egunkaria. Y no solo por la importancia de la noticia en si misma, sino porque nos permite abordar una cuestión clave: la de los límites en la lucha contra el terrorismo o, más aún, la tensión entre libertad y seguridad.

Después del atentado del 11 S se impuso a nivel global un análisis que alertaba de la debilidad, en términos de defensa, que suponía para las sociedades un amplio abanico de derechos y libertades. Por ello, se concluía, había que redimensionarlos a la baja para fortalecer nuestra seguridad. Los medios de comunicación y la ciudadanía, atemorizada por todo lo que parecía venirse encima, accedieron sumisamente al nuevo planteamiento.

Esa nueva perspectiva, impulsada por Bush y sus jinetes ‘apocalípticos’, conectó fácilmente con muchos otros dirigentes necesitados de una buena coartada para meter en orden sus respectivos flecos de disidencia (sin ir más lejos, fue interesante constatar como Rusia y China, siempre proclives a desmarcarse del liderazgo norte-americano, bendijeron esta vez sin mayores problemas los nuevos rumbos).

Sin duda, uno de estos dirigentes fue Aznar. Después de intentar un proceso de paz, el fracaso de la tregua y el recrudecimiento de la violencia por parte de ETA, le impulsaron hacia una intransigencia total, no ya con el mundo de ETA sino con buena parte del mundo abertzale e, incluso, con todo aquel que simplemente disintiera o se apartara de la línea oficial de la lucha antiterrorista. Con gran irresponsabilidad un amplio sector político, jurídico y ‘mediático’ jalearon esa deriva en vez de contrastarla con una visión más sensata y racional.

En ese contexto, muchos fueron los desmanes. Imposible nombrarlos todos. Pero no puedo dejar de recordar la persecución que sufrió Julio Medem por un documental plural y reflexivo. O la absurda imputación a Sabino Ormazábal y otros miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe. Así, el cierre de este caso o el de Egunkaria suponen una cierta enmienda a esa deriva loca.

También es verdad, y aquellos que somos críticos con la estrategia de la ilegalización de partidos no podemos obviarlo, que la izquierda abertzale oficial parece querer darle la razón al modelo ilegalizador: incapaz de autodeterminarse de la tutela armada, sólo parece mover ficha cuándo su proceso de invisibilización política e institucional le ha debilitado profundamente.

En fin, viendo la facilidad con que algunas barbaridades se han podido cometer y la poca crítica que han generado, hay que repetir hasta la saciedad una obviedad: no hay atajos, nunca la ampliación de los espacios de derechos y libertad debilita la democracia, y nunca, ni en el País Vasco ni en ningún otro lugar, la disminución de esos espacios va a acercarnos más a la paz.

Idoia Llano

Ante las diferentes intervenciones e iniciativas en la construcción de la paz, la ciudadanía, cada uno de nosotros/as, tiene que “poder” sentir, no digo que lo vaya a hacer, pero “tiene” que poder hacerlo, que el alturismo de miras, el intento por conseguir un beneficio para la sociedad es incuestionable.  No se puede dudar de la intención de las personas que negocian o intentan resolver  el conflicto.

Si por casualidad una sombra de duda empaña los objetivos en la negociación, esta nacerá lastrada y con pocas garantías democráticas, y puede que tarde mucho más en convertirse en beneficio social.

La paz y su construcción en situaciones como las que vivimos en Euskadi, son una cuestión socialmente tan crucial, que tocan directamente a los derechos más fundamentales como la vida, en las que intuir que pueden ser puestas al servicio de una agenda (personal o de partidos) de poder, de ambición y protagonismo puede servir para generar desconfianzas difíciles de arraigar.

Creo que algunas mujeres familiares de víctimas del terrorismo desean ante todo olvidar lo que han sufrido, muchas desearán poder perdonar y lo lograrán o …no , otras ni lo uno ni lo otro y otras harán de su condición reivindicación justa y causa social. Leer toda la entrada

Juanjo Alvarez, Catedrático de Derecho  (UPV)

En un Estado de Derecho no sería necesario comenzar explicando que criticar una sentencia no supone apoyar empáticamente al condenado ni a sus ideas políticas. En un País no tan contaminado políticamente como éste no habría necesidad de explicar que el rotundo rechazo a ETA, a su totalitarismo terrorista y a su sinrazón no impide construir crítica política sobre los abusos y los agravios que desde el propio Estado de Derecho se cometen. Pero parece una premisa necesaria para que gane en credibilidad democrática una reflexión acerca de la Sentencia de la Audiencia Nacional por la que se condena  a Arnaldo Otegui como responsable de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Desde una perspectiva de análisis técnico-jurídico provoca  sensaciones de perplejidad y de inquietud. Bajo el señuelo del Estado de Derecho, bajo el formalismo del papel judicial, la sentencia enjuicia políticamente y se recrea en una retórica dialéctica orientada hacia la ironía y el cinismo, cuando no a la mofa del acusado, como cuando afirma que añade a la pena privativa de libertad de dos años la privación definitiva (en realidad limitada a 16 años, obsérvese la contradicción) de todos los “honores”.

La deslegitimación del terrorismo no puede venir de la mano de sentencias que incorporan más ocurrencias que fundamentos jurídicos. Los jueces deben hablar con la ley y aplicando la ley. El Boletín Oficial del Estado publicó hace escasos meses el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo. Este Tratado internacional, que prevalece sobre las leyes internas españolas, nos recuerda que todas las medidas tomadas para prevenir o reprimir los delitos terroristas deben respetar los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular debe respetar la libertad de expresión.

El Convenio marca una línea muy clara (la misma que, por cierto, sí se ha tenido en cuenta por los tribunales españoles en relación al terrorismo de origen Yihadista) en el terreno de la libertad de expresión, y señala que solo es perseguible la provocación pública para cometer delitos terroristas, es decir, la difusión de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos terroristas.

Frente a esta orientación, respetuosa y equilibrada entre la seguridad y la libertad, la sentencia de la Audiencia Nacional, atendiendo a lo que califica como su “sagrado deber” de juzgar, fija la condena en el  máximo previsto en el Código Penal para el hecho enjuiciado, y ésta se anticipa en la propia sentencia antes incluso de empezar a motivarla, advirtiéndole al acusado que podrá ser recurrida “ante instancias muy superiores”. ¿Por qué y para qué este gratuito e innecesario desafío y recordatorio de otros previos litigios que han acabado en Estrasburgo?

La expresión secuenciada de los hechos enjuiciados, realizada narrativamente de forma novelesca (“Y llegó el día del tan anunciado homenaje”, nos dice), reproduce un entrecomillado que responde a la realidad a la traducción de lo afirmado en euskera por el acusado, y constituye el único fundamento de la condena, al “perpetrar” señala, el delito de enaltecimiento, condena basada en la libre interpretación y sentido de unas palabras de Otegui que ni ensalzan ni incitan al terrorismo, tal y como expresamente afirmó el acusado en el juicio oral, negando tal objetivo y apelando a  una “negociación pacífica, política y democrática”.

Se califica de impropia, estrambótica  y “manifiestamente falsa” la alusión comparativa realizada por Otegui en relación a Nelson Mandela (al que la sentencia ensalza, mitificando su figura, y omitiendo realidades históricas acreditadas que parece desconocer o no querer recordar). Su valoración acerca de la calificación como presos políticos, o el tratamiento que la sentencia otorga a los objetivos independentistas provocan el rechazo incluso en quien no secunda esta opción política, porque denosta y casi desprecia el papel de Otegui, al recordarle como “destacado líder en estas lides”; le recuerda (algo inaudito) que “ya le ha costado asumir otras sentencias condenatorias”, y le recuerda, como si se tratase de un medio de comunicación y no de un juzgado, las causas que tiene pendientes, “por delitos relacionados con el terrorismo”. Cabe preguntarse por qué y para qué este exceso dialéctico en la sentencia, tan provocador como estéril y que olvida el objetivo único que debe presidir la actuación judicial: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Juanjo Alvarez, Catedrático de Derecho (UPV)

La decisión del Tribunal Supremo sobre el radicalismo islámico pasó casi de puntillas en muchos medios, pero las consecuencias de esa doctrina jurisprudencial, caso de extrapolarse (tal y como demanda una exigencia de lógica coherencia jurídica) al ámbito del denominado “entorno” de ETA supondría una catársis judicial.

La absolución por parte del Tribunal Supremo de catorce militantes islamistas radicales previamente condenados por la Audiencia Nacional se fundamentó en una interpretación del delito de integración en banda armada muy alejada de la aplicada en el caso del terrorismo etarra.

En esencia, y frente a la conocida doctrina de los “círculos concéntricos” que conduce a la criminalización de toda la ideología abertzale, el Tribunal Supremo limita el supuesto delictivo y señala expresamente que una “ideología” o una “creencia” no pueden ser reconvertidas en hecho delictivo de integración en banda armada.

El argumento judicial es claro en este caso: para considerar como terrorista a un grupo no es indispensable que haya cometido ya atentados o que esté en la última fase de preparación, pero sí es necesario que sus miembros hayan pasado del pensamiento a la acción. Y el corolario de esta reflexión, que demuestra la existencia de diferentes varas de medir ante hechos análogos, ya se reflejó en el tenor literal de la sentencia tras el juicio por los atentados del 11-M, al señalar que la coincidencia ideológica con otras personas, aunque sea en torno a ideas violentas, y la relación entre ellos no acredita por sí misma la pertenencia a una organización terrorista.

Expresado de otra forma: una ideología no puede ser convertida en un hecho delictivo de integración en banda armada, “por mucho que los imputados lleguen a proclamar sus convicciones sin ocultar sus deseos de acabar con los infieles, o anhelar la eliminación de lideres políticos”, como hicieron varios de los procesados en cartas interceptadas mientras se encontraban en prisión.

¿Puede esta orientación jurisprudencial ser modificada mediante una reforma legal? ¿Es deseable, en una democracia que dice sustentarse en un Estado de Derecho, legislar ad hoc, para cada caso en concreto? Estos interrogantes merecen respuesta sosegada, desde la reflexión serena no exenta ni reñida con la firmeza y el repudio cívico hacia quienes miran hacia otro lado y responden con elocuente silencio a ataques contra la vida de ciudadanos asesinados por la barbarie totalitaria y fascista que supone ETA.

Sacrificar en el altar de la seguridad derechos de participación política me parece un grave atentado contra los cimientos de una democracia. A los asesinos hay que juzgarles y exigir que cumplan su condena. Ni más ni menos. Y quienes no tienen el coraje ético de reconocer que asesinar y extorsionar son hechos que no admiten contextualizaciones eximentes o justificativas hay que vencerles desde la ética democrática.