Ion Andoni del Amo

La firma por parte del colectivo de presos políticos vascos (EPPK) del Acuerdo de Gernika casi coincide en el tiempo con la sentencia del caso Bateragune. Un importante paso adelante, reconocido de forma casi unánime, por un lado, junto al bloqueo por otro. Un retrato de la situación.

La afirmación de Cándido Conde-Pumpido sobre el carácter de la sentencia como “jurídica y no política” y que “contribuye al avance hacia la paz” resulta tan cómica como aquello de “profesional y proporcionada” en boca de Ares sobre el desalojo de Kukutza. Y plantea la pregunta: ¿en qué anda el Estado?

¿La superación de la estrategia de la ilegalización?

La noticia de la legalidad de Bildu para las elecciones del 22M, acogida con entusiasmo en una multitudinaria e histórica sentada popular en el Arenal bilbaíno y en Iruñea, parecía marcar un punto de inflexión. Independientemente de que la secuencia pudo ser la prevista, rechazo en el Supremo y aceptación en el TC, el grado de conmoción en la sociedad vasca causado por el rechazo perpretado por el TS desbordó a casi todos. En apenas una semana, se organizaron movilizaciones y se multiplicaron los pronunciamientos a favor de unas elecciones democráticas con participación de Bildu, desde el rectorado de la UPV-EHU a CC.OO de Euskadi, pasando por el PNV o numerosas voces del PSE, Patxi López incluido. Quizás todavía no totalmente amortizada en España, la estrategia de la ilegalización aparecía como de complicada viabilidad en Euskal Herria.

¿Significa esto el fracaso y fin de la estrategia de la ilegalización? Sí y no, probablemente. Quedan cuestiones pendientes, como el caso de ANV o la decisión sobre Sortu. Pero parece que en su caso más extremo, la alteración del mapa electoral, su aplicación en el nuevo escenario abierto en Euskal Herria parece muy complicada social y políticamente. Más aún tras los contundentes resultados de Bildu. Incluso, en una España al borde del colapso económico, su rédito electoral para PP y PSOE parece en vías de amortización.

Ahora bien, la legalización de Bildu parece interpretarse en la sociedad vasca más como una victoria de la movilización popular que como una aportación desde el Estado al proceso de paz. Lectura que parece reforzar el hecho de que desde el Estado no se renuncia a la utilización política de la estrategia de la ilegalización. Aunque el coste social y político de la ilegalización directa parece inviable en Euskal Herria, sigue utilizándose, más allá de las sentencias prefabricadas, para intentar crear contradicciones en el seno de la izquierda soberanista –la incertidumbre sobre Sortu y sobre los miles de candidatos vetados– o para intentar ‘disciplinar’ a Bildu bajo la amenaza de ilegalización.

La acumulación de izquierda soberanista y la disputa del relato

Los resultados electorales del 22M supusieron un auténtico terremoto político. La estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas, con el impulso de las movilizaciones por la legalización, batía records históricos para el soberanismo de izquierdas. Una fotografía que dejaba más en evidencia la artificialidad del parlamento de Gasteiz: el acuerdo de gobierno PP-PSOE apenas alcanzaba el 30% en unas elecciones medianamente democráticas.

La incorporación de Aralar, tras los resultados del 22M, al bloque de izquierda soberanista de cara a las elecciones españolas del 20N, además, agudiza dos líneas de disputa política. La primera, respecto a la hegemonía en el mundo abertzale: el PNV apenas resistía a Bildu haciéndose fuerte en el gran Bilbao. El partido jeltzale continúa reivindicándose como el cauce central pero, a diferencia de otros tiempos, ya no aspira a arrastrar por ambos lados, sino a mantener un precario equilibrio sin caer al vacío por ninguno, especialmente por el lado abertzale. A tal objeto se ha visto obligado a sacrificar la Diputación de Gipuzkoa y numerosos ayuntamientos. La suma de Bildu y Aralar, Amaiur, aísla al PNV en el conjunto del abertzalismo y aspira seriamente a convertirse el 20N en la fuerza más votada en Euskal Herria, lo que ha desatado el nerviosismo y las estridencias en el ahora Partido Nacional Vasco.

La otra línea de disputa, más de fondo, se sitúa en ese campo actualmente tan importante, como señalase Christian Salmon, cual es el del relato. Es el relato sobre el proceso de paz el que está en juego. La unilateralidad del proceso, que permite mantener la iniciativa política, y la fuerza electoral de la suma de izquierda soberanista, han encendido para muchos las alarmas y el temor a que sea este bloque el que elabore el relato. Iñigo Urkullu fue explícito, con cierta desesperación y acritud, en el Alderdi Eguna, al señalar que “este país no le debe nada a la izquierda abertzale”. También está muy presente en círculos de la derecha española, bajo la formulación de la ‘derrota política del terrorismo’. Esta disputa, amén de inercias,parece estar también en el fondo de la utilización de la ilegalización o en la sentencia del caso Bateragune; se trataría de que una eventual decisión de Euskadi Ta Askatasuna fuera vista como consecuencia de la presión policial y judicial, y no sea capitalizada por la izquierda soberanista. En otra versión más sutil, la misma disputa impulsa las apelaciones a un ‘relato compartido sobre lo sucedido’ y ‘una lectura crítica del pasado’; porque una cosa es el reconocimiento del dolor y de las víctimas, necesario en un proceso de paz, y otra muy distinta un relato compartido, que requiere tiempos más largos, y que muchas de las veces ni es posible ni necesario. Lo que está en juego en todos los casos es esa disputa política por el relato y, en concreto, una disputa frente a un pujante bloque de izquierda soberanista.

¿Hacia la confrontación democrática?

La existencia de diferentes relatos, que se disputan hegemonías y adhesiones, no resulta –decíamos cuando criticábamos las apelaciones a un relato compartido– necesariamente negativo. Entra dentro de la dinámica social y democrática. Lo que ocurre en este caso es que no todos los recursos empleados son democráticos (la estrategia de la ilegalización y las sentencias políticas) y, además, tratan de bloquear los avances hacia un escenario de paz integral.

En este contexto, la estrategia del bloque de izquierda soberanista parece clara. Por un lado, seguir avanzando con nuevos pasos, que pongan más en evidencia las estrategias de bloqueo. Por otro, una estrategia de estabilización en las instituciones, que le permita ahuyentar el discurso del miedo que ya ensayaran PP, PSOE y PNV (“se paralizará el país”) y seguir acumulando adhesiones hasta disputar y ganar las elecciones autonómicas. La acción más puramente reivindicativa y simbólica, así, podría trasladarse al marco del parlamento español con Amaiur, al tiempo que Bildu se blindaría en trasladar estabilidad y una gestión de izquierdas. A ello habría que sumar una actividad constante de movilización y activación social.

Pero si, transcurrido el periodo de estabilización y disputa de la hegemonía que lleva a las autonómicas, la situación de bloqueo persistiese, además de la movilización popular, probablemente habría que activar las mayorías institucionales conseguidas y confrontarlas democráticamente a esa estrategia de bloqueo. Y ese escenario también habrá de prepararse con antelación, porque la paralización, atrapamiento u homologación de la izquierda soberanista en el entramado institucional es también otra cara de la disputa y de la estrategia del bloqueo.

Pedro Ibarra, catedrático de Ciencia Política

Bueno, pues se acabó. Desde la medianoche del jueves de la semana pasada con la legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional, se abre una nueva fase política en nuestro país. Un nuevo período histórico. Ya sé que suena muy contundente, muy tremendo. Pero, sin exagerar, creo que es bastante cierto.

Hagamos un ejercicio de memoria y preguntémonos cómo hemos estado durante al menos los últimos 30 años, representando la política. Permanentemente, a través del marco de la violencia. Lo que percibíamos -o lo que decidieron que debíamos percibir- era que la política en su dimensión más espectacular era, no quizás prioritariamente, pero sí sistemáticamente, lo que ocurría en relación con la violencia. Lo que hacía ETA, lo que hacían lo políticos en relación con ETA. Las decisiones políticas que se proponían o tomaban (algunas especialmente relevantes) estaban marcadas u orientadas por la violencia de ETA. Sin duda, desde el inicio de los 2.000s esa dependencia, objetivamente, desapareció. Pero medios y políticos seguían persistiendo en transmitir esa imagen. La violencia de ETA marcó nuestras vivencias -nuestras opiniones- políticas cotidianas. La existencia de ETA “contaminó” (ahora sí resulta real esa expresión) nuestra visión y nuestras preferencias políticas. Y en muchos casos, sobre todo reactivamente, nuestra acción política.

En los últimos años un nuevo acontecimiento conectado, al menos en origen, a la violencia de ETA refuerza esa dependencia en nuestra mirada y actitud frente a la política. La ilegalizacion de la Izquierda Abertzale introduce, además, la dimensión demócratica en ese escenario marcado por la violencia, reforzando su politización. Ello con la percepción social de que con la ilegalización se estaban vulnerando determinadas pero esenciales exigencias democráticas. En los últimos años la violencia todavía influía en los marcos de comprensión, interpretación y posicionamientos políticos ciudadanos, y al mismo tiempo la exclusión política de una significativa parte de la población generaba desasosiego democrático. Nos representaba el quehacer político -o sin más, la política- como seriamente herida en su flanco democrático.

Bueno, pues todo eso se acabó.

Entramos en una nueva fase donde ETA ha dejado de ser un acontecimiento político. Los partidos e instituciones políticas propondrán y tomarán decisiones políticas, sin conexión ni referencia -ni siquiera retórica- alguna, respecto a la violencia de ETA. Y por supuesto, todos lo partidos y organizaciones políticos entrarán en el juego electoral y la acción política pública. En síntesis, de ahora en adelante cuando se hable de política, solo se hablará y discutirá de cómo gestionar mas adecuadamente, o más útilmente, o también para algunos, más justamente, los intereses colectivos de nuestra comunidad nacional.

Supongo que he exagerado un poco. El corte, la ruptura, no es, por supuesto, ”limpia”. Vamos a seguir viviendo las consecuencias de los sucesos del pasado y el futuro nos plantea retos provenientes de ese mismo pasado.

En primer lugar, queda pendiente el proceso de desaparición de ETA como organización armada y el conectado asunto de la pacífica reincorporación de sus presos y militantes a la sociedad. No parece nada probable que una no solución o mala solución de este asunto provoque una involución, una vuelta al viejo escenario. Pero obvias exigencias de justicia obligan a impulsar la solución del tema.

Un asunto pendiente de mas envergadura es el que hace referencia a la cuestión de la reconciliación y convivencia. Por el momento quizás se puedan apuntar algunas exigencias mínimas. Mas allá de los procesos de reconciliación locales, aquellos en que específicos grupos de víctimas y victimarios tratan de lograr momentos de reconciliación, la sociedad vasca en su conjunto debería lograr un actitud general en la relación con el otro, basada en el reconocimiento y tolerancia, en la que quedase constitutivamente excluida el uso de la violencia y la amenaza de la misma. Para ello parece necesario que, también de forma generalizada, surgiese un declaración compartida -sobre todo de ETA y quienes en mayor o menor medida la apoyaron, pero también del Estado- en al que se reconozca la injusticia del dolor causado y el compromiso de no volver al andadas.

Desde la perspectiva de lo retos políticos, no hay que dejarse deslumbrar por el asunto de la legalización. Esta, sin duda, supone una recuperación de un importante derecho democrático. Pero con o sin legalización, la democracia en Euskadi sigue teniendo muchas insuficiencias y vulneraciones de derechos humanos, como la tortura por ejemplo. Y sigue sin concederse el ejercicio del derecho democrático a decidir sobre si queremos (o no) un nuevo y sustancialmente no dependiente marco de autogobierno. O sea que, al loro.

Y para acabar sería bueno reflexionar sobre cómo el circo de las sentencias judiciales, jaleado por medios y políticos miserables, ha incrementado -más bien impulsado- en Euskadi la cultura política de lo que podríamos llamar el independentismo republicano. Pero eso es otra historia.

Iñigo Lamarca, Ararteko

La publicación del artículo “Tiempos históricos” en diversos medios escritos (se mandó a todos los que se editan en la CAPV o tienen ediciones específicas para Euskadi), artículo en el que abogábamos, en base a un razonamiento jurídico ligado a la defensa de los derechos fundamentales en juego, por la legalización de Sortu, marcó claramente la posición institucional del Ararteko en una materia controvertida y sensible. Si bien el cometido principal de la oficina que dirijo es atender y analizar las quejas y las consultas que nos plantean los ciudadanos y ciudadanas, ello opera, según reza nuestra ley reguladora, en el amplio marco de la defensa de los derechos reconocidos en el título I de la Constitución en calidad de alto comisionado del Parlamento Vasco, lo cual implica la realización de actuaciones que sirvan a la referida finalidad.

La decisión de una amplia mayoría del sector social identificado con los postulados políticos de Batasuna de generar una nueva dinámica socio-política que fuese incompatible con la violencia de ETA (decisión que se materializó en el documento ‘Zutik Euskal Herria’ que fue aprobado tras un arduo debate) se tradujo en la solemne declaración que los dirigentes de la mencionada formación política Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin hicieron en el palacio Euskalduna el pasado 7 de febrero. Posteriormente, se presentó una nueva formación política, Sortu, llamada a sustituir a Batasuna, formación que, tanto en las manifestaciones públicas de sus representantes como en las disposiciones de sus Estatutos, expresaba su rechazo a la violencia de ETA. Este hecho de enorme significado y trascendencia histórica no podía ser obviado por el Ararteko que, en múltiples ocasiones se había manifestado radicalmente en contra de la organización terrorista por razones éticas basadas en el respeto a los derechos humanos. Lo que durante tanto tiempo habíamos anhelado estaba ocurriendo: el sector social que había alimentado la existencia y persistencia de ETA abogada por su desaparición. Es cierto que la citada organización, que tanto horror y vulneración de derechos ha ocasionado, aún no ha desaparecido pero no es menos cierto que sus días muy probablemente están contados en tanto en cuanto su base social la rechace. No me corresponde analizar o especular sobre las razones que han impulsado a la izquierda abertzale tradicional a adoptar tal histórica decisión. Lo importante es que, a tenor de numerosas declaraciones y pronunciamientos, la decisión parece que es definitiva e irreversible, y ello puede contribuir decisivamente a que un nuevo tiempo histórico se abra paso en Euskadi.

Un nuevo tiempo histórico en el que la aplicación de la Ley de Partidos, al albur de las nuevas circunstancias, debería conducir a la legalización de Sortu (como lo sostuvo una minoría muy significativa de la Sala competente del Tribunal Supremo) y a permitir la concurrencia de la coalición Bildu a las elecciones, como al final determinó el Tribunal Constitucional.

En el nuevo escenario que se está gestando a trancas y barrancas hay elementos que pueden contribuir a que avancen decisivamente la paz y el respeto a los valores, principios y derechos democráticos, pero también se avizoran no pocas dificultades y obstáculos. En el nuevo escenario histórico tienen que estar muy presentes los derechos a la verdad, memoria, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, de ETA y de los demás grupos terroristas que han operado en Euskadi. También los de las otras víctimas de excesos policiales, torturas etc. habidas, según expresión del propio Parlamento Vasco, en un contexto de motivación política. Los grupos que componen el Legislativo de Euskadi han hecho un magnífico trabajo creando, de manera consensuada, disposiciones legales y herramientas de políticas públicas que resultarán tremendamente útiles para avanzar en el nuevo escenario. En todo caso, los valores éticos de respeto a los derechos fundamentales de la persona deberán ser el cemento necesario para construir una nueva Euskadi asentada en los cimientos de la paz, la diversidad, la justicia y la memoria de las terribles vulneraciones de derechos y sus víctimas, donde todas y cada una de las personas que integran la sociedad vasca encuentren un lugar digno y equitativo en la misma.

Joxerra Bustillo Kastrexana

El reciente triunfo de la selección hispana de fútbol vuelve a poner sobre el tapete el conflicto político existente: el denominado problema español. Después de siglos de dominación sobre pueblos diferentes, como el vasco y el catalán, Castilla/España no ha logrado asimilar dentro de su concepción identitaria, unívoca y poco atrayente, a las mayorías ciudadanas de estas dos naciones sin Estado. Por muchas vueltas que se le quiera dar, por muchas portadas grandilocuentes en los diarios capitalinos, por muchas narraciones al estilo No-Do en emisoras de radio y televisión, vuelve a demostrarse que en Euskal Herria y Catalunya los corazones laten con otro diapasón. Es este y no otro el dilema a resolver.

Además, después de recorrer laberintos jurídicos, propuestas y contrapropuestas, proyectos y remodelaciones, enmiendas y cepillados varios, el Estatut catalán ha sido estoqueado por el Tribunal Constitucional español como si de un Miura se tratara. Aquí sólo hay una nación, la sola nación española, y los demás es adorno, perifollo, en resumen, coros y danzas interpretando sardanas en la Plaza Mayor.

No creo pecar de futurólogo si afirmo que el desencuentro España-Catalunya y el desencuentro España-Euskal Herria tan sólo se pueden solventar por medio del diálogo entre las partes. Pero de un diálogo con contenidos, no en el basado en cuatro frases hechas en las que Madrid mantenga que la Constitución es capaz de albergar en su pluralidad a diferentes naciones y bla, bla, bla. Es más evidente que nunca que no es así, que esas fórmulas inventadas por Suárez están ya caducadas. En su empecinamiento centralista, los integrantes del TC le han dado la puntilla al Estatut y con él han dejado a los pies de los caballos a los sectores posibilistas de PSC y CiU que soñaban con un entendimiento en torno a una especie de España federal.

El problema es que en España no hay federalistas, sino uniformizadores de derechas y de izquierdas, que no son capaces de reconocer de una vez la realidad plurinacional del Estado. Su cerrazón no hace sino expandir las ansias independentistas de catalanes y vascos. Voluntades que, hoy por hoy, no pueden ser expresadas democráticamente en un ejercicio responsable de soberanía en las urnas. Los intentos posibilistas del Plan Ibarretxe y el Estatut, han sido cercenados sin remisión y no se vislumbra en el horizonte ningún líder español capaz de dar un giro copernicano al actual estado de cosas.

La historia nos dice que la paz es el periodo comprendido entre dos guerras. Y nos añade que la violencia ha sido, es y será utilizada como principal arma política por Estados e insurgentes. Por suerte, en Euskal Herria se puede abrir ahora un periodo de paz, por la conjunción de una serie de factores que no tengo aquí espacio para describir. Aprovechemos esta oportunidad con inteligencia. Pero sabiendo que si no se encauza debidamente el problema generador del conflicto, del que ETA no deja de ser un fenómeno derivado, nos esperará una nueva guerra (en el amplio sentido de conflicto), de mayor o menor dimensión, pero de nuevo enquistada en la violencia.