Ion Andoni del Amo

La firma por parte del colectivo de presos políticos vascos (EPPK) del Acuerdo de Gernika casi coincide en el tiempo con la sentencia del caso Bateragune. Un importante paso adelante, reconocido de forma casi unánime, por un lado, junto al bloqueo por otro. Un retrato de la situación.

La afirmación de Cándido Conde-Pumpido sobre el carácter de la sentencia como “jurídica y no política” y que “contribuye al avance hacia la paz” resulta tan cómica como aquello de “profesional y proporcionada” en boca de Ares sobre el desalojo de Kukutza. Y plantea la pregunta: ¿en qué anda el Estado?

¿La superación de la estrategia de la ilegalización?

La noticia de la legalidad de Bildu para las elecciones del 22M, acogida con entusiasmo en una multitudinaria e histórica sentada popular en el Arenal bilbaíno y en Iruñea, parecía marcar un punto de inflexión. Independientemente de que la secuencia pudo ser la prevista, rechazo en el Supremo y aceptación en el TC, el grado de conmoción en la sociedad vasca causado por el rechazo perpretado por el TS desbordó a casi todos. En apenas una semana, se organizaron movilizaciones y se multiplicaron los pronunciamientos a favor de unas elecciones democráticas con participación de Bildu, desde el rectorado de la UPV-EHU a CC.OO de Euskadi, pasando por el PNV o numerosas voces del PSE, Patxi López incluido. Quizás todavía no totalmente amortizada en España, la estrategia de la ilegalización aparecía como de complicada viabilidad en Euskal Herria.

¿Significa esto el fracaso y fin de la estrategia de la ilegalización? Sí y no, probablemente. Quedan cuestiones pendientes, como el caso de ANV o la decisión sobre Sortu. Pero parece que en su caso más extremo, la alteración del mapa electoral, su aplicación en el nuevo escenario abierto en Euskal Herria parece muy complicada social y políticamente. Más aún tras los contundentes resultados de Bildu. Incluso, en una España al borde del colapso económico, su rédito electoral para PP y PSOE parece en vías de amortización.

Ahora bien, la legalización de Bildu parece interpretarse en la sociedad vasca más como una victoria de la movilización popular que como una aportación desde el Estado al proceso de paz. Lectura que parece reforzar el hecho de que desde el Estado no se renuncia a la utilización política de la estrategia de la ilegalización. Aunque el coste social y político de la ilegalización directa parece inviable en Euskal Herria, sigue utilizándose, más allá de las sentencias prefabricadas, para intentar crear contradicciones en el seno de la izquierda soberanista –la incertidumbre sobre Sortu y sobre los miles de candidatos vetados– o para intentar ‘disciplinar’ a Bildu bajo la amenaza de ilegalización.

La acumulación de izquierda soberanista y la disputa del relato

Los resultados electorales del 22M supusieron un auténtico terremoto político. La estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas, con el impulso de las movilizaciones por la legalización, batía records históricos para el soberanismo de izquierdas. Una fotografía que dejaba más en evidencia la artificialidad del parlamento de Gasteiz: el acuerdo de gobierno PP-PSOE apenas alcanzaba el 30% en unas elecciones medianamente democráticas.

La incorporación de Aralar, tras los resultados del 22M, al bloque de izquierda soberanista de cara a las elecciones españolas del 20N, además, agudiza dos líneas de disputa política. La primera, respecto a la hegemonía en el mundo abertzale: el PNV apenas resistía a Bildu haciéndose fuerte en el gran Bilbao. El partido jeltzale continúa reivindicándose como el cauce central pero, a diferencia de otros tiempos, ya no aspira a arrastrar por ambos lados, sino a mantener un precario equilibrio sin caer al vacío por ninguno, especialmente por el lado abertzale. A tal objeto se ha visto obligado a sacrificar la Diputación de Gipuzkoa y numerosos ayuntamientos. La suma de Bildu y Aralar, Amaiur, aísla al PNV en el conjunto del abertzalismo y aspira seriamente a convertirse el 20N en la fuerza más votada en Euskal Herria, lo que ha desatado el nerviosismo y las estridencias en el ahora Partido Nacional Vasco.

La otra línea de disputa, más de fondo, se sitúa en ese campo actualmente tan importante, como señalase Christian Salmon, cual es el del relato. Es el relato sobre el proceso de paz el que está en juego. La unilateralidad del proceso, que permite mantener la iniciativa política, y la fuerza electoral de la suma de izquierda soberanista, han encendido para muchos las alarmas y el temor a que sea este bloque el que elabore el relato. Iñigo Urkullu fue explícito, con cierta desesperación y acritud, en el Alderdi Eguna, al señalar que “este país no le debe nada a la izquierda abertzale”. También está muy presente en círculos de la derecha española, bajo la formulación de la ‘derrota política del terrorismo’. Esta disputa, amén de inercias,parece estar también en el fondo de la utilización de la ilegalización o en la sentencia del caso Bateragune; se trataría de que una eventual decisión de Euskadi Ta Askatasuna fuera vista como consecuencia de la presión policial y judicial, y no sea capitalizada por la izquierda soberanista. En otra versión más sutil, la misma disputa impulsa las apelaciones a un ‘relato compartido sobre lo sucedido’ y ‘una lectura crítica del pasado’; porque una cosa es el reconocimiento del dolor y de las víctimas, necesario en un proceso de paz, y otra muy distinta un relato compartido, que requiere tiempos más largos, y que muchas de las veces ni es posible ni necesario. Lo que está en juego en todos los casos es esa disputa política por el relato y, en concreto, una disputa frente a un pujante bloque de izquierda soberanista.

¿Hacia la confrontación democrática?

La existencia de diferentes relatos, que se disputan hegemonías y adhesiones, no resulta –decíamos cuando criticábamos las apelaciones a un relato compartido– necesariamente negativo. Entra dentro de la dinámica social y democrática. Lo que ocurre en este caso es que no todos los recursos empleados son democráticos (la estrategia de la ilegalización y las sentencias políticas) y, además, tratan de bloquear los avances hacia un escenario de paz integral.

En este contexto, la estrategia del bloque de izquierda soberanista parece clara. Por un lado, seguir avanzando con nuevos pasos, que pongan más en evidencia las estrategias de bloqueo. Por otro, una estrategia de estabilización en las instituciones, que le permita ahuyentar el discurso del miedo que ya ensayaran PP, PSOE y PNV (“se paralizará el país”) y seguir acumulando adhesiones hasta disputar y ganar las elecciones autonómicas. La acción más puramente reivindicativa y simbólica, así, podría trasladarse al marco del parlamento español con Amaiur, al tiempo que Bildu se blindaría en trasladar estabilidad y una gestión de izquierdas. A ello habría que sumar una actividad constante de movilización y activación social.

Pero si, transcurrido el periodo de estabilización y disputa de la hegemonía que lleva a las autonómicas, la situación de bloqueo persistiese, además de la movilización popular, probablemente habría que activar las mayorías institucionales conseguidas y confrontarlas democráticamente a esa estrategia de bloqueo. Y ese escenario también habrá de prepararse con antelación, porque la paralización, atrapamiento u homologación de la izquierda soberanista en el entramado institucional es también otra cara de la disputa y de la estrategia del bloqueo.

Iñigo Lamarca, Ararteko

La publicación del artículo “Tiempos históricos” en diversos medios escritos (se mandó a todos los que se editan en la CAPV o tienen ediciones específicas para Euskadi), artículo en el que abogábamos, en base a un razonamiento jurídico ligado a la defensa de los derechos fundamentales en juego, por la legalización de Sortu, marcó claramente la posición institucional del Ararteko en una materia controvertida y sensible. Si bien el cometido principal de la oficina que dirijo es atender y analizar las quejas y las consultas que nos plantean los ciudadanos y ciudadanas, ello opera, según reza nuestra ley reguladora, en el amplio marco de la defensa de los derechos reconocidos en el título I de la Constitución en calidad de alto comisionado del Parlamento Vasco, lo cual implica la realización de actuaciones que sirvan a la referida finalidad.

La decisión de una amplia mayoría del sector social identificado con los postulados políticos de Batasuna de generar una nueva dinámica socio-política que fuese incompatible con la violencia de ETA (decisión que se materializó en el documento ‘Zutik Euskal Herria’ que fue aprobado tras un arduo debate) se tradujo en la solemne declaración que los dirigentes de la mencionada formación política Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin hicieron en el palacio Euskalduna el pasado 7 de febrero. Posteriormente, se presentó una nueva formación política, Sortu, llamada a sustituir a Batasuna, formación que, tanto en las manifestaciones públicas de sus representantes como en las disposiciones de sus Estatutos, expresaba su rechazo a la violencia de ETA. Este hecho de enorme significado y trascendencia histórica no podía ser obviado por el Ararteko que, en múltiples ocasiones se había manifestado radicalmente en contra de la organización terrorista por razones éticas basadas en el respeto a los derechos humanos. Lo que durante tanto tiempo habíamos anhelado estaba ocurriendo: el sector social que había alimentado la existencia y persistencia de ETA abogada por su desaparición. Es cierto que la citada organización, que tanto horror y vulneración de derechos ha ocasionado, aún no ha desaparecido pero no es menos cierto que sus días muy probablemente están contados en tanto en cuanto su base social la rechace. No me corresponde analizar o especular sobre las razones que han impulsado a la izquierda abertzale tradicional a adoptar tal histórica decisión. Lo importante es que, a tenor de numerosas declaraciones y pronunciamientos, la decisión parece que es definitiva e irreversible, y ello puede contribuir decisivamente a que un nuevo tiempo histórico se abra paso en Euskadi.

Un nuevo tiempo histórico en el que la aplicación de la Ley de Partidos, al albur de las nuevas circunstancias, debería conducir a la legalización de Sortu (como lo sostuvo una minoría muy significativa de la Sala competente del Tribunal Supremo) y a permitir la concurrencia de la coalición Bildu a las elecciones, como al final determinó el Tribunal Constitucional.

En el nuevo escenario que se está gestando a trancas y barrancas hay elementos que pueden contribuir a que avancen decisivamente la paz y el respeto a los valores, principios y derechos democráticos, pero también se avizoran no pocas dificultades y obstáculos. En el nuevo escenario histórico tienen que estar muy presentes los derechos a la verdad, memoria, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, de ETA y de los demás grupos terroristas que han operado en Euskadi. También los de las otras víctimas de excesos policiales, torturas etc. habidas, según expresión del propio Parlamento Vasco, en un contexto de motivación política. Los grupos que componen el Legislativo de Euskadi han hecho un magnífico trabajo creando, de manera consensuada, disposiciones legales y herramientas de políticas públicas que resultarán tremendamente útiles para avanzar en el nuevo escenario. En todo caso, los valores éticos de respeto a los derechos fundamentales de la persona deberán ser el cemento necesario para construir una nueva Euskadi asentada en los cimientos de la paz, la diversidad, la justicia y la memoria de las terribles vulneraciones de derechos y sus víctimas, donde todas y cada una de las personas que integran la sociedad vasca encuentren un lugar digno y equitativo en la misma.

Bakeaorain

Hoy todavía se agolpan sentimientos de rabia e impotencia al ver lo mal que se está gestionando esta oportunidad sin precedentes para lograr una paz duradera en Euskadi. Voy a intentar ordenarlos apoyándome en citas que resumen de alguna manera este sentir. Y es que resuenan palabras y frases de políticos que desgraciadamente distan mucho de los hechos que los acompañan:

“La política tiene que ser pedagogía y tiene que ser liderazgo. En parte es hacer presente el futuro, y para eso hay que tener una visión de futuro”, Javier Solana.

“La paz no tiene precio político pero la política puede hacer mucho para alcanzar la paz”. Esta es de José Luis Rodríguez Zapatero, ni más ni menos.

Acabo con una cita de Keynes de su obra maestra, las consecuencias económicas de la paz, escrita en 1919 y donde refleja su discrepancia por el Tratado de Versalles que ponía fin a la Primera Guerra Mundial pero que encerraba a su vez el germen de la Segunda, dada la sed de venganza y la humillación a la que se sometió a Alemania. Dice así: “Hay pocos episodios en la Historia, que la posteridad tenga menos motivo para perdonar: una guerra emprendida en defensa de la santidad de los compromisos internacionales, y que acaba con la infracción, por parte de uno de los campeones victoriosos, del más sagrado de esos compromisos”. Basta con cambiar el término “internacionales” por “democráticos” y la cita podría ser tristemente válida para el caso que nos ocupa.

Parece por lo tanto que la paz es demasiado importante como para dejarla sólo en manos de los políticos. Sus cálculos electorales relegan la ética exigible a un segundo plano. La hipocresía y cinismo forman parte de la cultura política. No podemos dejar por lo tanto que esta forma de actuar arruine este momento. Necesitamos pensar la política en mayúsculas, esa que requiere de grandes líderes que hoy brillan por su ausencia. Huérfanos como estamos, no podemos resignarnos a la mediocridad, no nos lo merecemos y en nuestras manos está cambiar las cosas.

No se trata en cualquier caso de caer en la provocación o en el victimismo. Aprendamos a ser prácticos, abramos los ojos, seamos menos dogmáticos y tengamos cintura para driblar al rival. En el rugby, mi deporte, a veces te tienes que sacrificar como jugador, fijar al rival, dar el pase y aguantar el placaje para que el compañero al que le has pasado el balón ensaye. Si el rival quiere atascar el juego porque su delantera es más fuerte, hay que mostrar agilidad para desplegar el juego “hasta el ala”. El 22 de mayo, con los jugadores que el árbitro haya dejado en el terreno de juego, tenemos que ensayar a favor del derecho a decidir, del respeto a todos los derechos fundamentales como clamor para lograr la paz y la normalización política. Simplemente recordemos la frase de Javier Solana de más arriba, “La política tiene que ser pedagogía y tiene que ser liderazgo. En parte es hacer presente el futuro, y para eso hay que tener una visión de futuro”. Y mi visión de futuro es una Euskadi en paz y que decide por sí misma, sin imposiciones ni impedimentos, su papel en esta aldea global. Pues eso, hagamos presente el futuro.

Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau

Es precisamente ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no permitir a Sortu presentarse a las próximas elecciones, cuando vemos más claramente los peligros de la Ley de Partidos. La nueva ley nos fue presentada como una herramienta para proteger a la democracia. Pero, la reiterada insistencia en el discurso de las excepciones, al final, siempre conduce a eso: a reducir y dañar seriamente el juego democrático y la pluralidad social y política. Y, tal como se ve, al final esas decisiones tan importantes se toman más en función de estados de ánimo o voluntades políticas que por un análisis estrictamente jurídico.

Pero, más allá del debate legal y de la reflexión sobre la profundización democrática, hay algo que encuentro paradójico en el debate que hemos vivido estas semanas previas y, ahora, con la noticia de la decisión del TS he vuelto a comprobar. Parece que la gente más distante de la izquierda abertzale y más desconfiada con su apuesta, están contentos por la decisión del TS. En cambio, la gente más cercana se muestra descontenta y apesadumbrada.

Obviamente, en parte es lógico. Pero, en el fondo, es más bien al revés. Porque, a veces las cosas no son lo que parecen. O generan consecuencias contrarias a lo que se pretende. Veamos:

-impidiendo la presencia electoral de Sortu, se transmite la sensación que el problema no es la violencia sino el proyecto o, en este caso, los orígenes del proyecto. Con la ilegalización, los discursos más duros y victimistas de los sectores refractarios al cambio de estrategia podrían verse reforzados y así, poner más dificultades al proceso de desvinculación de la izquierda abertzale respecto a la violencia.

-En cambio, si Sortu hubiera sido legalizado, la presión ciudadana, social, política y mediática sobre todo lo que hubiera dicho o dejado de decir Sortu y, claro está, en el caso que ETA hubiera vuelto a la violencia, hubiera sido brutal. En el fondo, la legalización era la mejor prueba para asegurarse que el viraje de la izquierda abertzale iba en serio y casi un seguro que evitaba su vuelta atrás.

Juanjo Alvarez, Catedrático de Derecho (UPV)

La decisión del Tribunal Supremo sobre el radicalismo islámico pasó casi de puntillas en muchos medios, pero las consecuencias de esa doctrina jurisprudencial, caso de extrapolarse (tal y como demanda una exigencia de lógica coherencia jurídica) al ámbito del denominado “entorno” de ETA supondría una catársis judicial.

La absolución por parte del Tribunal Supremo de catorce militantes islamistas radicales previamente condenados por la Audiencia Nacional se fundamentó en una interpretación del delito de integración en banda armada muy alejada de la aplicada en el caso del terrorismo etarra.

En esencia, y frente a la conocida doctrina de los “círculos concéntricos” que conduce a la criminalización de toda la ideología abertzale, el Tribunal Supremo limita el supuesto delictivo y señala expresamente que una “ideología” o una “creencia” no pueden ser reconvertidas en hecho delictivo de integración en banda armada.

El argumento judicial es claro en este caso: para considerar como terrorista a un grupo no es indispensable que haya cometido ya atentados o que esté en la última fase de preparación, pero sí es necesario que sus miembros hayan pasado del pensamiento a la acción. Y el corolario de esta reflexión, que demuestra la existencia de diferentes varas de medir ante hechos análogos, ya se reflejó en el tenor literal de la sentencia tras el juicio por los atentados del 11-M, al señalar que la coincidencia ideológica con otras personas, aunque sea en torno a ideas violentas, y la relación entre ellos no acredita por sí misma la pertenencia a una organización terrorista.

Expresado de otra forma: una ideología no puede ser convertida en un hecho delictivo de integración en banda armada, “por mucho que los imputados lleguen a proclamar sus convicciones sin ocultar sus deseos de acabar con los infieles, o anhelar la eliminación de lideres políticos”, como hicieron varios de los procesados en cartas interceptadas mientras se encontraban en prisión.

¿Puede esta orientación jurisprudencial ser modificada mediante una reforma legal? ¿Es deseable, en una democracia que dice sustentarse en un Estado de Derecho, legislar ad hoc, para cada caso en concreto? Estos interrogantes merecen respuesta sosegada, desde la reflexión serena no exenta ni reñida con la firmeza y el repudio cívico hacia quienes miran hacia otro lado y responden con elocuente silencio a ataques contra la vida de ciudadanos asesinados por la barbarie totalitaria y fascista que supone ETA.

Sacrificar en el altar de la seguridad derechos de participación política me parece un grave atentado contra los cimientos de una democracia. A los asesinos hay que juzgarles y exigir que cumplan su condena. Ni más ni menos. Y quienes no tienen el coraje ético de reconocer que asesinar y extorsionar son hechos que no admiten contextualizaciones eximentes o justificativas hay que vencerles desde la ética democrática.